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13 diciembre 2011
SUPRESIÓN DE LAS DIPUTACIONES (IDEAL 13/12/2011)
En la mañana de hoy -13 de diciembre- Ideal ha publicado un artículo por mí firmado en el que llevaba trabajando algunos días. Advierto que tiene un perfil técnico, pero es muy leible por lo que os invito a leerlo si no lo habéis hecho ya -residentes en Granada y provincia, básicamente- en papel.
SUPRESIÓN DE LAS DIPUTACIONES
Dentro del debate de la austeridad en torno al gasto público, la política de gestos ya debería de estar superada y han de ser las acciones las que conformen la agenda política, por lo que sería un buen momento para acometer una reforma política y administrativa que conllevara la supresión de las Diputaciones Provinciales y de camino llevar a cabo una revisión en profundidad de la Administración Local dotándola de más competencias.
Siempre me ha parecido un contrasentido eso del gobierno de las provincias, que es algo tan inmaterial como innecesario. De hecho, no se trata de un gobierno que directamente surja de las urnas, como ocurre en el caso del gobierno de los municipios, sino que se trata más bien de una especie de componenda representativa basada en los resultados electorales surgidos de las elecciones municipales. Es más, ni tan siquiera goza de representantes exclusivos sino que se nutre de los elegidos para asumir el gobierno de los municipios que conforman la provincia, es decir, alcaldes y concejales, cayendo en la duplicidad de cargos.
Al margen de valoraciones políticas electoralistas, estoy convencido que las provincias soportarían muy bien la eliminación de su órgano de gobierno sin que por ello se produzca ningún caos político o administrativo ya que las funciones de las diputaciones u otros órganos provinciales similares –caso de los territorios insulares, País Vasco y Navarra- pueden ser perfectamente asumidas por las distintas administraciones autónomas como ocurre en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales. Se da la circunstancia que muchas de éstas gestionan un presupuesto y una población mayor que otras comunidades pluriprovinciales y la ausencia de diputación provincial no menoscaba en absoluto la asistencia y cooperación municipal, más bien al contrario: hay mejor coordinación y menor gasto burocrático.
En el caso de Andalucía, se perdió la oportunidad de dotar a las Diputaciones Provinciales andaluzas de mayor contenido encomendándole la articulación de la gestión ordinaria de los servicios propios periféricos de la Comunidad Autónoma tal y como indicaba el artículo 4.4 del ya derogado Estatuto de Autonomía de 1981. Sin embargo, ese postulado legal jamás llegó a desarrollarse porque la Administración autonómica optó por dotarse de su propia red administrativa periférica a través de las Delegaciones Provinciales de las distintas Consejerías, al tiempo que las diputaciones fueron tejiendo ese leviatán administrativo tan costoso y absurdo en que se han convertido, cargado de un inasumible presupuesto y una plantilla sobredimensionada y de acceso irregular en la mayoría de los casos, al tiempo que en una solución rápida para esa ingente cifra de asesores y personal de confianza –personal eventual- de que gozan los partidos políticos con representación provincial.
En mi opinión, todo ese aparato administrativo y político de las diputaciones no justifica las funciones que tienen encomendadas, basadas principalmente en la asistencia y en la cooperación municipal –principalmente a los municipios más pequeños-. Además, se da la circunstancia que los fondos para esa asistencia y cooperación municipal derivan en gran parte del presupuesto autonómico, argumento éste que justifica aún más la gestión de los mismos por parte de la propia administración autonómica.
En similar sentido, en los últimos años están surgiendo nuevos órganos de gestión como son, entre otros, el caso de los consorcios, las mancomunidades o las áreas metropolitanas en el ámbito supramunicipal y en el inframunicipal, las entidades locales autónomas y las entidades vecinales. Todos estos nuevos órganos serán útiles para favorecer el hipotético déficit de gestión en que incurrirían las diputaciones si se suprimieran, con la debida coordinación por parte de las respectivas administraciones autonómicas y locales.
Lógicamente, esa supresión de las diputaciones conllevará problemas añadidos, siendo el más importante el de personal, si bien, una correcta gestión de los recursos humanos determinará que las diputaciones son los organismos públicos con más personal eventual y contratado y, por tanto, prescindible. Por el contrario, el personal funcionario o laboral fijo podría seguir cumpliendo sus funciones tanto en los distintos órganos municipales, supramunicipales o inframunicipales e, incluso, en la administración autonómica periférica. Todo es cuestión de voluntad política.
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