LA ADMINISTRACIÓN PARALELA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: UNA REFLEXIÓN

El gobierno central, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha exigido a Andalucía una revisión de su objetivo presupuestario para 2012 en 2.696.800.000 € millones de euros. Es decir, que en lo que queda de 2012, no se podrá disponer de esa cifra, que está ya presupuestada. Por su parte, el coste presupuestario de la llamada Administración paralela de la Junta de Andalucía, compuesta por un complejo engranaje de empresas públicas, fundaciones y sociedades mercantiles, se calcula en torno a los 3.000.000.000 €. A priori son cifras muy coincidentes y con una lectura fácil se podría concluir que la eliminación de esa Administración paralela sería la solución para cumplir el plan de ajuste presentado por la Junta de Andalucía en la Comisión de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, en mi opinión, existen fuerzas centrípetas que aconsejan al gobierno andaluz no eliminar esa, vulgarmente denominada, Administración paralela, que es innecesaria en su gran mayoría, ya que está suplantando las funciones -y en muchas ocasiones, incluso las potestades, tal y como han dictaminado varias resoluciones de diversos órganos judiciales andaluces- que deberían de llevar a cabo los Empleados Públicos (en el caso de las potestades, los Funcionarios de carrera) de la Administración General de la Junta de Andalucía. Por tanto, llegados a este punto, lo que procede es preguntarnos el porqué de ese encono y perseverancia por parte del gobierno andaluz en mantener esta Administración paralela, a pesar de que les está causando numerosos problemas de tipo económico, político y judicial.

Las causas nos las conocemos certeramente, aunque sí los efectos. No obstante, a día de hoy, sí es posible deducir y suponer cuáles puedan ser las causas de tanto encono y perseverancia. En mi línea de pensamiento, opino que existen causas complejas y viciadas. Sabemos que esa Administración paralela está conformada, en su mayoría, -a pesar de que jamás la administración andaluza ha dado datos oficiales- por personas ajenas a la función pública, es decir, personas que han accedido a sus puestos sin pasar por ningún proceso selectivo y, por lo tanto, a pesar de la insistencia por parte del gobierno andaluz en denominarles empleados públicos y abonar sus remuneraciones desde el capítulo I del presupuesto, dedicado a gastos de personal, distintos órganos judiciales han anulado o suspendido sus respectivos protocolos de integración como empleados públicos en las distintas Agencias. Luego, hay que deducir con bastante dosis de certeza que el mismo material humano que constituye todo este conglomerado de empresas públicas, fundaciones y sociedades mercantiles, supuestamente, ejerce una fuerte presión al gobierno andaluz para no ver perjudicados sus puestos de trabajo en una hipotética eliminación de esa Administración paralela, que conllevaría la pérdida de empleo. En otras palabras, todo ese personal que, según fuentes fiables está compuesto en gran número por personas integrantes o cercanas al PSOE (antiguos alcaldes, antiguos concejales, antiguos altos cargos de distinta procedencia, militantes destacados y de base, familiares de afiliados, y un largo etcétera) -si bien, no todo el personal está en esa situación de cercanía o privilegio, pero sí la mayoría de la función directiva-, ejerce una especie de chantaje emocional contra el gobierno andaluz, probablemente -y es sólo una hipótesis-, basándose en la divulgación de supuestos asuntos inconfesables durante la época en la que tuvieron responsabilidades políticas e institucionales. Lógicamente, desvelar esa información, supuestamente oculta, podría producir problemas incalculables al gobierno andaluz, que ha danzado por estas tierras más de treinta años sin alternancia en el poder. Se trata tan sólo de una línea de pensamiento y, ya digo, una suposición, pero a la vista de ese encono y esa perseverancia por salvar a esta Administración paralela por parte del gobierno andaluz, es sostenible llegar a esa conclusión, ya que es difícil imaginarse otra. De hecho, muchos son los episodios de denuncia interna de supuestas actividades ilícitas en el mismo partido socialista que posteriormente han acabado en los tribunales o han tenido una sonada repercusión mediática (véase el caso de los ERE`S y la actuación del ExDirector General de Empleo, ahora en prisión). Seguramente si el gobierno andaluz estuviera libre de presión ya hubiera intentado al menos acabar con el problema, eliminando parte de ese conglomerado como han hecho otras Comunidades Autónomas o está en proceso de llevar a cabo en septiembre el propio Gobierno Central, porque no considero que sea suficientemente sólida la idea de mantener esa Administración paralela por el sólo hecho de que es gente cercana al partido. Sería un precio demasiado alto.

Otra línea de fuerte presión, en mi opinión, viene motivada, supuestamente, por los dos sindicatos más representativos, de acuerdo con los postulados de la Ley Orgánica de Libertad Sindical: CC.OO y UGT, si bien no lo son en el conjunto del sector público andaluz, de acuerdo con los últimos resultados de las elecciones sindicales sectoriales. Que existan, como se afirma, en esa Administración paralela afiliados y cuadros de estos sindicatos imposibilita funcionalmente también al gobierno andaluz a desprenderse de todo ese conglomerado. El precio, lógicamente, en el caso de eliminar esa Administración paralela sería el fin de la paz social, ya que no se puede obviar que estos dos sindicatos cuentan con una descomunal fuerza movilizadora y económica, dada su privilegiada situación jurídico-sindical. De ahí que el gobierno andaluz no se atreva a mover ficha. Pendiente quedaría conocer cuál sería el papel reciente de Izquierda Unida en este tablero tan complejo. Es pronto aún para saberlo, si bien quien esto firma, como exconcejal de Izquierda Unida, tengo confianza en las bases, pero no tanto en su clase dirigente, realmente, muy alejada del espíritu primigenio de Izquierda Unida, que representó Julio Anguita y otros dirigentes ya inexistentes o amortizados, totalmente contrarios a los intereses y forma de hacer política del partido socialista. Ese espíritu se demuestra más patente en Extremadura y Asturias. Ante esta situación tan compleja, la única posibilidad de acabar con ese círculo vicioso es la pérdida del poder del PSOE en Andalucía, pero se da la circunstancia que ese sistema clientelar cuenta mucho a la hora de obtener un voto profundo, principalmente, en determinadas zonas de Andalucía. Quizá sea esta la cuestión que no ha sabido entender el Partido Popular de Andalucía ni tampoco el Empleado Público de la Junta de Andalucía, cada cual con sus distintas motivaciones, objetivos e intereses. 


Por José Antonio Flores Vera