La grave agresión sufrida el pasado diez de febrero por una funcionaria de la Administración de Justicia, adscrita al Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Granada, exige una reflexión seria por parte de quienes consideramos que el Estado de Derecho, que es la base de la democracia constitucional, debe de responder sin fisuras ante los frecuentes ataques a los representantes de sus Instituciones, que son los pilares fundamentales de aquél. La sociedad organizada no debe de interpretar como un asunto ajeno estos actos porque la indiferencia y la ajenidad son las herramientas de las que se sirven las personas desaprensivas para continuar actuando con la impunidad que suponen, en muchos casos, ante la tibieza de las normas vigentes.
Un Estado de Derecho, una democracia asentada, no es lo contrario a unas leyes contundentes, sobre todo en el ámbito penal, sino todo lo contrario: son la preservación de esa organización jurídica y social sólida que ha de carecer de fisuras y actúa perfectamente organizada para repeler ataques de este tipo.
Todos hemos asistido a agresiones a representantes de distintos ámbitos de la Administración Pública que no han tenido la respuesta adecuada por parte del sistema judicial, desde las cometidas a personal sanitario hasta profesores y maestros, pasando por un amplio elenco de representantes de las distintas ramas de la Administración. Ante estas agresiones, que son más frecuentes de lo que se piensa, el ciudadano que desea vivir en una sociedad organizada y segura estima de manera más o menos inopinada que no existe la suficiente contundencia jurídica hacia esos individuos irrespetuosos no tan solo con las personas sino también con los representantes de los Poderes Públicos, cuya labor no es otra que el cumplimiento de las funciones que derivan de la actividad administrativa, de policía o judicial, fundamentales para la convivencia democrática.
En el caso arriba indicado se ha ido aún más allá de las líneas rojas irrebasables si cabe, porque la grave agresión sufrida hace unos días en la zona norte de Granada se inflige a una funcionaria encargada de una notificación emitida por el Poder Judicial, que en el esquema de los Poderes del Estado representa la última ratio del Estado de Derecho. No se trata tan solo de perseguir con eficacia a los agresores sino de preservar y proteger la arquitectura jurídica avalada por la Constitución española vigente.
Algunos sistemas democráticos jóvenes, el español entre ellos, viven en la actualidad en una especie de esquizofrenia ante la observancia de la ley, decantándose en ocasiones por la benignidad y suavización de las normas a aplicar ante el temor de que se pueda interpretar que la estricta y contundente aplicación de la estas reste sentido al sistema. Esa interpretación, en mi opinión, es errónea porque posibilita que el armazón jurídico garante de la preservación de lo más esencial del Estado de Derecho se resquebraje de manera irreversible. Por el contrario, el sistema democrático debe ser muy sólido ante este tipo de agresiones si desea seguir preservando, es más, fortaleciendo esos pilares básicos a los que antes me refería. La aplicación contundente de las normas, dentro de la debida consagración jurídica constitucional, no debe ser incompatible con un sistema democrático fuerte, más bien al contrario; basta observar los sistemas democráticos más veteranos de nuestro entorno occidental para comprenderlo.
Es fundamental conocer que cuando un funcionario público, revestido de autoridad en función de su cargo, actúa no lo hace a título personal sino en representación de la institución administrativa, policial o judicial para la que trabaja. No comprender esto, y lo que es más grave, que algunos representantes políticos duden de ello, es la vía más directa para que la Función Pública, que es uno de los aspectos más innegociables (o al menos debería de serlo) de ese Estado de Derecho desde la Revolución francesa, se convierta en una moneda de cambio que posibilita, entre otras cosas, el debilitamiento y la vulnerabilidad de sus miembros ante sectores indeseables de la sociedad, que amparados por una errónea interpretación de los derechos inherentes a la persona interpretan que todo es válido y hasta impune, auspiciados las más de las veces por peligrosos discursos políticos y sociales, no exentos de maniqueísmo, que confunden, en ocasiones, de manera consciente la simetría que en un sistema democrático debe de haber entre los derechos y los deberes, sin que nadie les explique que el disfrute de derechos ilimitados, sobre todo cuando no existe un contrapeso obligacional, no es propio de un sistema constitucional sino su verdadera rémora.
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