EL INTRUSISMO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (IDEAL, 12/7/2013)

                                                   

La batalla informativa por conocer con rigor cómo y de qué está configurada la función pública en España está completamente perdida. Ha habido tanta contaminación informativa por parte de determinados sectores sociales y políticos influyentes de nuestra sociedad que a estas alturas el concepto genérico de funcionario –utilizado de manera indiscriminada- se ha convertido en abominable. Ese concepto ya desintegrado y casi peyorativo forma ya parte del imaginario colectivo y está provisto de una carga negativa que convierte el malentendido en conocimiento general, que es lo que ocurre cuando no hay interés o voluntad en abordar los asuntos con seriedad y rigor.

            Desde la irrupción de la democracia en España y a medida que tras la promulgación de la Constitución de 1978 se fueron constituyendo las diecisiete Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y  Melilla años después, la función pública ha ido incrementando su número de efectivos como resultado lógico de la diversificación administrativa. En distinta medida, la Ley de Bases del Régimen Local, aprobada en 1985, permitió a las entidades locales asumir más competencias, lo que supuso un incremento de su propia función pública y, asimismo, la creación de nuevas Universidades y el crecimiento de las ya existentes conllevó el reclutamiento de más empleados públicos. Ahora bien, por secuencia lógica, esa descentralización administrativa del Estado en favor de las Comunidades Autónomas conllevó un importante vaciamiento del sector público estatal, a pesar de que las Comunidades Autónomas no se conformaron con ese trasvase estatal y continuaron con una política de recursos humanos expansiva en los años siguientes, en parte, gracias a que la propia LOFAGE años más tarde introdujo la figura de las Entidades Públicas Empresariales como norma básica que podría trasladarse al resto de las Administraciones Públicas. Probablemente, es a partir de ese momento cuando se produce el punto de inflexión que posibilita la contratación de personal laboral al servicio de estas nuevas formas organizativas, que se rigen en su gestión, generalmente, por el derecho privado. Este personal contratado, por su naturaleza jurídica no puede ser considerado empleado público ya que no pertenece en puridad a la Administración Pública sino a sus Sociedades Instrumentales circundantes.

            El problema a día de hoy es que desde 1997 hasta nuestros días todas las Administraciones Públicas, en mayor o menor medida, han abusado, sin justificación la mayoría de las veces, de la creación de estas auténticas administraciones paralelas que han ido engordando su nómina de manera exorbitante e injustificada hasta el punto que ha sido el mecanismo más directo que han utilizado los partidos políticos en el poder para hacer uso de la figura del clientelismo político, que debió quedar desterrado tras la reforma de la función pública de 1984, a pesar de que ya contaban con la regulación de la figura del personal eventual, encuadrado dentro de la categoría de empleado público –incluso en el vigente EBEP-, y de la que han abusado hasta límites casi obscenos.

A día de hoy a todo ese ingente colectivo que presta sus servicios en las administraciones paralelas los distintos gobiernos les suelen poner el epíteto de funcionarios en igualdad jurídica a los que sí lo son en realidad, lo que supone una escandalosa tergiversación al tiempo que provoca un rechazo unánime de los tribunales. De hecho, es así como la propia Junta de Andalucía llama a ese personal externo que ocupa esa extensa administración paralela, tan costosa para los andaluces.

            Por tanto, la reforma del sector público que pretende llevar a cabo el gobierno central no puede ser ajena a este fenómeno y tendrá que conllevar, necesariamente, medidas legislativas básicas que permitan la eliminación de gran parte esas administraciones paralelas en que se han convertido toda esa miríada de Sociedades Instrumentales ya innecesarias, y la consiguiente eliminación de los puestos de trabajos a cargo del capítulo I de los distintos presupuestos de las Administraciones Públicas que son, en realidad, ajenos a la función pública. De hecho, gran parte de esos puestos a cargo de las arcas públicas podrán ser absorbidos perfectamente por el sector privado, tan necesitado de estímulo profesional.

            Nadie discute que la función pública en España necesita una enorme reestructuración, pero ésta no podrá llevarse a cabo sin que se produzca la necesaria eliminación de ese intrusismo citado y la restitución progresiva a esa verdadera función pública que jamás debió ser adulterada y que, con sus defectos y sus carencias, es un símbolo desde los albores de la Revolución Francesa de cualquier Estado de Derecho que pretenda serlo.  

Por José Antonio Flores Vera

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UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS AGENCIAS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El esquema de la agencialización llevado a cabo por la Junta de Andalucía a través de la Ley 1/2011, de 17 de   febrero de Reordenación del Sector Público de Andalucía, es una clara traición al esquema constitucional de la función pública andaluza y española. Es legítima la implantación de la agencialización en España, desde que operó la reforma administrativa de la LOFAGE y la promulgación posterior de la ley estatal 28/2006, de 18 de julio de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, así como la promulgación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía -LAJA- pero no lo es el esquema que ha llevado a cabo de la Junta de Andalucía, que con una clara deslealtad hacia el Sector Público de Andalucía se apoya en esta legislación para llevar a cabo toda una catarsis clientelista del sector público que recuerda a la que intentó evitar sin mucho éxito el Decreto 315/ 1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aún vigente en mínimos aspectos, donde el clientelismo y el favoritismo para el acceso a la función pública era común en determinados sectores de la Administración Pública franquista, a pesar de que su articulado incluía ideas renovadas propias de una función pública profesional, algo que a duras penas logró imponerse en la reforma de la función pública de  1984, época en la que el partido socialista teóricamente consolidó un sistema de función pública profesional mezclándolo con una alta politización de puestos de libre designación, nombramientos discrecionales de la mayoría de los órganos directivos (nombramientos políticos)  y de adscripción eventual. En otras palabras, se produjo una fuerte politización de la Administración que se vio abordada por una presencia cada vez más descarada del partido en el gobierno del nación, esquema que también trasladó a las Comunidades Autónomas de su mismo signo político.  

Sin embargo, lo visto ahora en la Junta de Andalucía, incluso, escapa -y supera, por tanto- a ese intento politizador, ya que la teoría de las agencias, que no es nueva ni tan siquiera tiene la patente española busca una descentralización y un sistema gerencial movido por un  dinamismo más moderno de la gestión pública y los recursos humanos, pero dotado de fuertes controles por parte de los poderes públicos, tanto a nivel de potestades administrativas públicas como en cuanto al control presupuestario. Pero nada de eso ha existido en Andalucía, por lo que no es más que un intento  torticero y descarado de aupar un agencialismo "ad hoc" apoyándose  en un basamento teórico de la nueva gestión pública formulado en las Administraciones Públicas de corte anglosajón en los años 80, que culminó en la implantación del programa Next Stepts en el Reino Unido, que es el intento más logrado de la implantación de las agencias en Europa. Sin embargo, este intento baldío del gobierno andaluz - probablemente cometido en fraude de ley- ha derivado sin sonrojo hacía un clientelismo aderezado con muchas dosis de nepotismo preocupante, ya que se aparta de los principios jurídicos elementales en cuanto al sistema de acceso del personal en las agencias que, a pesar de conllevar un ánimo descentralizador para modernizar y mejorar la eficiencia y la eficacia en la Administración Pública, jamás -ni tan siquiera en la función pública británica, que está dotada de un sistema abierto- se ha apartado de cumplir con los requisitos de mérito, capacidad, igualdad y publicidad así como tampoco descuidó el espinoso asunto de las potestades públicas y administrativas que siempre estuvieron en manos de funcionarios. 

Lo que pretende hacer la Junta de Andalucía, por tanto, no es otra cosa que una conjugación legal trapisonda, para lo cual se basa en un movimiento agencializador consolidado en los países occidentales, pero interpretándolo a su modo. Y su modo ya sabemos cuál es, después de treinta años de mal gobierno en Andalucía.   


Por José Antonio Flores Vera

EN LA JUNTA SIGUEN SIN ENTEDER EL QUIJOTE

SANCHO COMO GOBERNADOR DE LA ÍNSULA BARATARIA

¿Qué tipo de pacto de sangre debieron de contraer los mentores de la Junta de Andalucía con sus acólitos de sector público instrumental y los sindicatos plenipotenciarios para que prefieran el desmoronamiento de la Administración oficial a la oficiosa? 

Gran pregunta amigo Sancho, podría ser la respuesta de nuestro D. Quijote a esa perspicaz pregunta, si ese Sancho menesteroso y dado al buen yantar hubiera tenido las suficientes entendederas para hacerla. E incluso, hasta el mismo Quijote, tan dado a las batallas épicas y las acciones honorables, podría haber obtenido otras motivaciones si su noble inclinación no hubiera creído palabra de aquel pendenciero Ginesillo de Pasamonte, tan dado a engañar como a salvar el culo, sin honor ni gloria. 

Buenos argumentos para entender qué ocurre en la Junta de Andalucía, engendro de poder compartido por un voluptuoso dúo de intereses que ha ido medrando por estas tierras como ya lo hizo aquel Ginesillo. En un acto de pensamiento noble y arriesgado, prometió D. Alonso Quijano a aquel Sancho, menesteroso y dado al buen yantar, la Ínsula Barataria y él no demasiado dado a la reflexión, pero sí a todo tipo de oportunidad arrabalera, lo creyó todo a pesar de que es posible que en su fuero interno se barruntara una mínima conciencia de incoherencia y farsa de lo prometido. Pero no importó porque las oportunidades las pintan calvas cuando la mediocridad cabalga sin saber ni cómo ni dónde. El primero hablaba de ideas, de nobles hechos imposibles, de ética y de moral, pero el segundo tan sólo miraba en su alforja si aún quedaba algún mendrugo de pan o un poco de queso rancio. 

Y me ha venido a la cabeza la sabia obra de Cervantes -que anduvo mucho por Andalucía y conoció bien esta tierra-, después de que hoy nos almorzáramos con esas cobardes medidas contra la función pública oficial de nuestros prohombres y promujeres de la Junta. Unas medidas cobardes porque meten la cuchara en el plato frío de la venganza, aniquilando así la capacidad legítima de respuesta de todas esa función pública legal que hizo templar los cimientos de la Junta y llegó hasta las puertas de San Telmo a avergonzar a quien estaba a punto de irse del poder y no lo hizo porque Andalucía, como el país que anduvo el Quijote, es así. 

Si diezmamos a esta caterva de parásitos públicos, se dijeron en los altos pasillos de los palacios de la Junta, los dejamos heridos del ala y de camino potenciamos a los nuestros ¡Ay, los nuestros! Aquellos que fueron de la mano durante treinta años para montar el mayor expolio de una región y que ahora se juran fidelidad eterna, una especie de amor imposible "austeniano", que acaba con la vida de cualquier persona de orden; es la democracia, idiota, es la democracia, diría alguien avezado en pactos e intrigas. 

Y ante tales medidas he visto los ojos lagrimosos de rabia o de incomprensión. Ojos desubicados de sus órbitas que giraban a izquierda y derecha buscando una explicación o algunas palabras sensatas, pero no las encontraban, porque pocas respuestas pueden encontrarse ante la estulticia, como pocas explicaciones pudo dar el bueno de Don Quijote a su escudero Sancho cuando éste comprendió por fin que la Ínsula Barataria fue una ilusión y que jamas existió a no ser  que lo hiciera en la mente idealista de un tipo noble que tuvo el valor de encararse con los molinos sin importar que no fueran gigantes.  

Pero no se trata de dinero, no; se trata de dignidad. El dinero se suple con ésta, pero si a ésta la secuestran no queda nada. Pero eso no pareció importar a Ginesillo de Pasamonte, como parece no importar a la coalición de partidos que ahora gobierna Andalucía. Ya vemos que pocas cosas han cambiado por estos lares.   

CIRUGÍA EN EL SECTOR PÚBLICO

En breve asistiremos a una más que probable operación de saneamiento de las cuentas públicas en todas las Administraciones Públicas del Estado (Central, Autonómicas y Locales), por la vía del adelgazamiento de los recursos humanos del denominado, comúnmente, sector público. Esa cirugía será muy apreciable en las Comunidades Autónomas, pero también en los Ayuntamientos grandes y Diputaciones y ya lo está siendo en el Estado. 

Hace casi un año, publicaba en Ideal un artículo sobre este asunto y en el mes de diciembre -de perfil algo más jurídico- en Considerando, que es la Revista Profesional del Colegio de Abogados de Lucena (Córdoba), y en ambos analizaba lo que podría pasar a unos meses vista. Y todo parece que está comenzando a ocurrir. 

Sin embargo, aquí intentaré ser más directo y menos pesado -estos artículos suelen ser muy doctrinales- y me apartaré de tecnicismos en la medida de lo posible. Sencillamente diré a continuación lo que decía en aquellos artículos, pero de forma más directa y sin cirugía. 

En primer lugar, hay que hacer un breve análisis de cómo está actualmente el sector público a nivel de recursos humanos. 

En España existe un sistema de Función Pública consagrado en el artículo 103.3 de la Constitución y desarrollado por leyes sectoriales, que se basa en Personal Funcionario de carrera, que es el que entra en la Administración Pública por oposición o concurso-oposición y que cuenta con una relación laboral basada en el Derecho Administrativo; asimismo, hay otro gran sector, denominado Personal Laboral, que también accede por Concurso-Oposición, en este caso, y que mantiene una relación laboral con la Administración basada en el Derecho Laboral, el mismo que rige en cualquier relación laboral entre un trabajador y el empresario.

El primer grupo es el único que mantiene una relación de estabilidad y fijeza, que es una solución histórica que se dio para evitar que el funcionario no dependiera del político de turno; el segundo, mantiene una relación laboral fija, pero es más vulnerable al despido que el funcionario, si bien eso es muy difícil que llegue a ocurrir, pero no imposible.

En ambos grupos existe la interinidad, que es personal que ocupa provisionalmente una plaza de funcionario o personal laboral fijo y que es perfectamente despedible porque no ha superado oposición o concurso-oposición alguno. En todo caso, ese personal debe dejar la plaza cuando se incorpore el Funcionario o el Personal Laboral fijo. 

Con ese tipo de personal -que es el único que debería de formar parte de las plantillas públicas- las Administraciones Públicas deberían de haber funcionado. Eso supondría para el caso de España, en total, no más de dos millones de personas. Sin embargo, lo que ha ocurrido en España es que los partidos políticos han metido el dedo en la Administración y se les ha ido la olla montando Empresas Públicas y otros entes instrumentales al servicio, por lo general, de su propio partido, afines sindicales, familiares, cargos públicos caídos en desgracia y un largo etcétera. Hablando a las bravas: han ido creando empresas públicas y sociedades instrumentales en la medida que les ha ido interesando colocar a su gente. Para esa función existe la figura del empleado público eventual, que es admitida en derecho, pero son pocas plazas y se ve que no les ha bastado. Su voracidad es enorme (aborrecible clase política).  

Lo demás no lo podemos imaginar: miles de empresas públicas por todo el territorio nacional, infectadas de gente que no ha accedido a la Administración de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y publicidad. En definitiva, que se les ha ido la mano y eso ha provocado que exista el doble de empleados en la Administración, pero menos de la mitad no son empleados públicos sino meros contratados, igual que en el sector privado. 

Y, claro, los medios de comunicación ignorantes, los políticos y otra gentuza por el estilo están intentando confundir al personal diciendo que todos son funcionarios, pero no es verdad. Funcionarios reales en este país -sin incluir a Personal Laboral- en este país no creo que haya más de un millón. 

¿Y qué ocurrirá a hora? Muy fácil: cómo las arcas están vacías, el gobierno del PP quiere que la mayoría de las empresas públicas y sociedades instrumentales desaparezcan y, quizá, por eso el Ministro de Economía, está diciendo que podemos llegar a los seis millones de desempleados. 

Y que conste que algunas empresas públicas son necesarias y que muchos empleados de éstas han accedido legalmente a las mismas. Pero pagarán justos por pecadores. 

Esto es mucho más complejo, pero a groso modo y en poco espacio he intentado contar lo que ocurre o va a ocurrir. 

UN IMPORTANTE DILEMA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA

Os cuento.

Varios compañeros que trabajamos como empleados públicos en la Junta de Andalucía tenemos en estas fechas grandes dudas y un importante dilema que pronto hemos de resolver, toda vez que el 25 de marzo se celebrarán las elecciones al Parlamento de Andalucía -del que saldrá el gobierno para los próximos cuatro años- y hemos de inclinarnos por una opción política que no nos perjudique como ciudadanos ni tampoco como profesionales de la  Administración autonómica.

Todos esos compañeros ostentadores de tales dudas y ese importante dilema que corre por las oficinas públicas somos, mayoritariamente, funcionarios de carrera y algún personal laboral fijo con muchos trienios de experiencia a sus espaldas. Además, particularmente, estamos demostrando mucha sensibilidad y crítica feroz hacia ese desaguisado que ha montado el gobierno andaluz del PSOE en torno a esa pretendida reordenación del sector público, que no obedece a otro fin que intentar introducir en la Administración General de la Junta de Andalucía a un buen número de personas pertenecientes al partido en el poder y a su entorno, todo ello sin necesidad de pasar sistema selectivo alguno. Además, desde el principio están contando con la ayuda de los dos sindicatos más importantes del Estado, CCOO y UGT, algo que ha desalmado las entendederas de propios y extraños. Es decir que la Administración -y el partido que la sustenta- actúa de espaldas a la legalidad alejándose de los intereses generales para centrarse en los particulares. Todo lo contrario al cometido que le otorga a la Administración Pública el artículo 103 de la Constitución de 1978, si es que ésta tiene predicamento alguno en los tiempos que corren.     

Para llevar a cabo ese malvado y torticero fin, los prohombres -no utilizo el término promujeres porque jamás he escuchado tal término y la Pajín ya no se encuentra en los altos palacios públicos- de la Administración Autonómica, han montado todo un entramado seudojurídico consistente en empresas públicas, sociedades instrumentales y otras seudoformas que engarzándose en unas denominadas agencias se confundan con el follaje de los empleados públicos verdaderos, que son los que entraron en la Administración por la vías legales de acceso a la función pública. Se trata de una vía basada en hechos consumados muy frecuentada en países bananeros, qué al parecer por esos lares funciona muy bien. Y, claro, todo ese intento al ser seudojurídico está deteniéndose en los altos palacios del Poder Judicial, gracias a la iniciativa onerosa y demandante de los empleados públicos y de sindicatos contrarios a esa reordenación.

Por lo que ahora, casi llegada la fecha de decidir en las urnas, nos encontramos ante ese gran dilema. Principalmente lo tienen compañeros y compañeras que jamás han votado a la derecha en elección alguna. Lo han hecho a opciones de izquierdas e, incluso, muchos de ellos al mismo PSOE. Pero ahora perciben que se la están jugando. Como ciudadanos y como profesionales. 

Y saben que de seguir gobernando el PSOE podría darse el tiro de gracia a su carrera profesional e, incluso, a su profesión en sí, por no hablar ya de la paulatina eliminación de los servicios públicos. Por su parte, hay quienes están contemplando con inquietud la forma de hacer del PP en el Gobierno Central y desconfían de los severos recortes que está llevando a cabo Rajoy y su gobierno. Hay otras opciones políticas, pero no parecen convencer, bien porque son seguidistas del partido en el poder o bien porque, a pesar de sus buenas intenciones con los empleados públicos, no tendrán la suficiente fuerza para desbancar al actual partido en el poder y acabarán restando opciones al que parece comulgar con la desazón de los empleados públicos y que, según las encuestas, está destinado a gobernar en Andalucía. De hecho, ya lo está haciendo en casi todo el Estado. 

Por tanto, existe cierto clima de desasosiego, el dilema es mayúsculo y las dudas asfixiantes. 

Un poco lo que debió sentir el personaje que interpreta James Franco en la película 127 horas: o perder el brazo derecho o perder sencillamente la vida.