27 marzo 2011
MEDIA MARATÓN DE BAZA 2011 (27/3/2011)
26 marzo 2011
ESTAREMOS EN BAZA
24 marzo 2011
SOBRE CORRER Y ENCUENTROS
ENCUESTA
22 marzo 2011
UN EXCELENTE MANJAR
20 marzo 2011
DESPIDOS EN EL SECTOR PÚBLICO (IDEAL 20/3/2011)
Algunas noticias poco tranquilizadoras aluden a la posibilidad de despidos en el sector público tras las elecciones municipales del 22-M, algo que está causando alarma en las oficinas públicas de todas las Administraciones. Se alude a despidos de personal laboral, pero este tipo de informaciones si no son precisas pueden crear un desconcierto descomunal porque las relaciones laborales en el sector público no son de fácil comprensión actualmente dada la irrupción de entidades públicas empresariales, agencias, fundaciones, entes instrumentales y otras formas organizativas.
Que existan despidos en el sector público estatal, autonómico y local no debería de provocar sorpresa alguna si se analizan estas cuestiones en su justa medida.
Como se indica más arriba, el sector público no lo integra sólo la Administración Pública General de cada Administración Territorial sino que habría que sumar todas esas formas organizativas antes aludidas, creadas en los últimos años, que cuentan con miles de contratados que no ostentan la condición de empleado público tal y como lo regula el artículo 8 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, ese personal contratado, una vez liquidada o adelgazada esa parte del sector público, vería extinguida su relación laboral como cualquier trabajador de cualquier empresa privada. Su adscripción a la Administración Pública no es tal, o al menos, no es la misma que posee el Empleado Público. Se trata de trabajadores contratados al amparo de cualquier forma de contratación prevista en el derecho laboral español cuya regulación básica está contenida en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación complementaria y los respectivos convenios colectivos.
Por tanto, esa especie de "escándalo" que cunde como la pólvora por las oficinas públicas no debería ser tal si se analiza objetivamente, que es lo que pretende este artículo.
Otra cosa distinta es si se anuncia el despido de empleados públicos, algo que exigiría un análisis diferenciado. Éstos, según el artículo 8 del EBEP se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
En mi opinión, esta clasificación legal está adulterada en el sentido de que el personal eventual, en puridad, no debería de formar parte de la condición de empleado púbico. De hecho, no es un asunto baladí que la plantilla de personal eventual -y, por tanto, de empleado público- que existe en todas las Administraciones Públicas Territoriales ha ido en aumento con el paso de los años. Pero se ha de saber que este tipo de personal penetra en las oficinas públicas al margen de los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y publicidad ya que se trata de una elección discrecional que tienen los órganos de gobierno, que deciden sin atajos cuando y a quién contratar así como cesar, con los límites presupuestarios de la respectiva Administración Pública. Su nombramiento se basa en la confianza y en el asesoramiento especial.
Sin embargo, haciendo abstracción del criterio legal -que no siempre es el criterio más ético- la realidad que se impone es que esta plantilla es excesiva e injustificada. Por tanto, sería muy deseable el adelgazamiento de este tipo de personal ya que, en la mayoría de los casos, ha sido el instrumento utilizado por los partidos políticos para dar cobijo a muchas personas afines.
En cuanto a la polémica que nos ocupa sobre el despido en el sector público, habría que afirmar por tanto que la noticia que ahora circula, en buena lógica, ha de referirse necesariamente a ese tipo de personal contratado que forma parte del sector público externo y en menor medida al personal laboral que forma parte de la Administración Pública General. Y menos que a ninguno se ha de referir al personal laboral fijo que ostenta una condición de estabilidad muy similar al del funcionario de carrera ya que ha superado un concurso, o bien un concurso-oposición, en condiciones de igualdad en un proceso publicado en alguno de los boletines oficiales de las respectivas Administraciones Territoriales. Por tanto, cumple para su ingreso en la Administración Pública con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, aunque no existe una relación de permanencia al estar sometidos al régimen laboral y en el plano jurídico teórico se podría prescindir de sus servicios aunque es algo muy improbable.
Cosa distinta sería el caso del personal laboral ya sea indefinido o temporal o el mismo funcionario interino. Estos colectivos han funcionado de manera útil, legal y regular en la función pública moderna, pero no se puede afirmar que en el futuro sea así dado que en un momento histórico cambiante y de crisis como el que atravesamos y, mermándose como están los créditos de personal en todas las Administraciones Públicas, podrían verse perjudicados ya que no ostentan ninguna relación de permanencia ni estabilidad.
19 marzo 2011
SUFRIMIENTO
17 marzo 2011
LA FALLIDA COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE LA GESTIÓN DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
De esa manera hace aguas –nunca mejor dicho- la competencia estrella de la reforma del Estatuto de Autonomía de 1981 y, por tanto, el sueño megalómano de un político irresponsable como es Manuel Chaves que, a pesar de la opinión en contra de la entonces Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,, de las otras autonomías socialistas vecinas –Extremadura (que fue la impugnó al Tribunal Constitucional) y Castilla-La Mancha- y de los colectivos ecologistas, de regantes y científicos, se empeñó en conseguir esa competencia gracias a su alta posición política en el partido y, por qué no decirlo, a la debilidad política del Presidente Zapatero que no quiso contradecir a uno de sus barones más caprichoso y pertinaz que, además, es el Presidente del partido.
Pero aquí la responsabilidad no es sólo del PSOE; también lo es –aunque en menor medida- del PP y de IU que debieron de anteponer la responsabilidad y respeto constitucional a la futura captura de votos. Lógicamente, el electorado andaluz cuando votó favorablemente la reforma del Estatuto poco sabía, pero hubiera sido necesario que la clase política andaluza hubieran actuado con más responsabilidad ya que la Constitución en su artículo 149 establece claramente que es competencia exclusiva del Estado “la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma las cuencas de los ríos”. En muchos casos el legislador es poco claro y preciso, pero en esta ocasión sí lo es. Por tanto, está claro que no es un río únicamente andaluz sino mestizo. Es lo que tiene esto de vivir en un Reino de Taifas.
Además, me resulta penoso que se le atribuyan gentilicios a ríos, mares, montañas o cigüeñas, porque que yo sepa el Guadalquivir no lleva sombrero de ala ancha ni viste de faralaes. Ya sólo hubiera faltado que dijeran que el río es sevillano, creando el desconcierto en las provincias de Jaén, que es donde nace, en las de Granada y Córdoba que es por donde pasa su mayor afluente, el Genil, y en la de Cádiz que es donde desemboca.
También resulta sorprendente que una comunidad autonómica hermana haya sido la que ejerza de Judas. Será porque entre ellos se reconocen a la perfección y se vigilan en consecuencia.
Que la competencia exclusiva recayera en Andalucía creó mucha preocupación, principalmente en los colectivos a los que realmente les interesa el río o viven gracias a él. Efectivamente, los ecologistas y las comunidades de regantes pusieron el grito en el cielo sabedores de cómo cuida los asuntos medioambientales el gobierno de la Junta de Andalucía, que sólo parece ver oportunidades crematísticas en cada una de las competencias que asume. Por eso, esos colectivos ayer estaban de fiesta.
Otro aspecto a considerar es en qué situación quedará esa mega Agencia del Agua, que se ha fusionado con la antigua EGMASA, creando la nueva Agencia del Agua y del Medio Ambiente. Se contabilizan un total de 700 empleados públicos los que se transfirieron desde la Administración Central del Estado a la Junta de Andalucía y, lógicamente, este colectivo querrá saber cuanto antes en qué situación quedarán.
Además, ¿qué ocurrirá si determinadas actos administrativos ya resueltos se declaran nulos toda vez que la competencia era ilegal? Muchos interrogantes se plantean ante esta irresponsabilidad política a que nos tienen acostumbrados nuestros infames políticos.
15 marzo 2011
ME DESCUBRO EN ALERTA...
SAUCONY TRIUMPH 7
14 marzo 2011
RAZONES PARA COMPETIR (O NO HACERLO)
NUEVOS PROYECTOS LITERARIOS YA CONSOLIDADOS
Me refiero a nuevos proyectos literarios ya consolidados, porque por su propia naturaleza un proyecto no es otra cosa que una intención qu...
-
Picadura `de lo que sea' en el gemelo izquierdo. Estas imágenes que veis en pantalla, desagradables a la vista, se deben a mis a...
-
Esto que ahora relataré podrá parece increíble y ciertamente lo es: yo en una ocasión vi a dos perros hablando. Estaba lejos de ellos, com...