lunes, 17 de enero de 2011

CORRUPCIÓN Y PODER


El pasado domingo nos comentaba una amiga sudafricana que Nelson Mandela es para los ciudadanos de su país -con independencia del color de su piel: ella es blanca- una figura muy apreciada por su honradez y coherencia, pero que no tenían la misma percepción de los actuales dirigentes de su partido, que actualmente gobiernan el país, que actúan corruptamente siempre que pueden. Y le comentaba yo que la honestidad tal vez no sea atributo de ningún régimen o partido político sino de las propias personas.
Estamos de acuerdo que en determinados países en los que los controles jurídicos son mayores y la ciudadanía está más informada, la corrupción es menos común, pero que eso nada tiene que ver con la condición del individuo. De hecho, pongamos el ejemplo de nuestro país -le dije-. Se supone que tras treinta años de democracia nuestras instituciones y nuestros políticos ya debieran de haber dado muestras de honradez institucional como mínimo (no digo personal) o que al menos tuviéramos los resortes legales suficientes (o un Poder Judicial independiente) para actuar con contundencia ante los múltiples casos de corrupción que nos asolan desde siempre. Pero a la vista está de que eso no está ocurriendo y, en ese sentido -y en otros muchos,- no estamos convergiendo con los países mas avanzados de nuestro entorno europeo, lo que no significa que los demás países no tengan casos de corrupción, que también la tienen.
De hecho, nuestra vista debería de estar fija en el ejemplo de países como Alemania o los países nórdicos e incluso Gran Bretaña, que son más contundentes en los casos de corrupción pública, aunque alejada lo máximo posible del caso de Italia o Grecia.
España, dentro de nuestro entorno occidental, tal vez sea el país que tiene más sinvergüenzas públicos por metro cuadrado después de Italia y quizá Grecia. Los treinta años de democracia sólo han servido para que los "amigos de lo público" se hagan más fuertes en sus torres institucionales y hayan tenido el tiempo suficiente para blindarse jurídicamente de todas las tropelías que cometen.
A ese blindaje jurídico de sus acciones (que serían ilegales si las leyes que ellos mismos se dan no los ampararan mientras el Poder Judicial calla) hay que sumar toda esa serie de prebendas que se autoconceden, ya sea por medio del abuso vomitivo de coches oficiales, pensiones máximas, tarjetas de crédito, sueldos y dietas desmesuradas, utilización personal del dinero público, viajes y servicios gratis total, por citar alguna de las pocas cosas de las que disfrutan, pero por si faltara algo todavía hay quien llevando treinta años medrando aprueba cantidades millonarias (más de 10 millones de euros) para subvencionar a la empresa en la que trabaja su propia hija, sin que eso le suponga dimisión alguna ni responsabilidades penales, tan sólo un leve tirón de orejas administrativo.
¿Habrá que esperar otros treinta años para que todo cambie? ¿O será esa actitud corrupta una condición muy española?

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