El próximo día 16 de febrero se tramitará como Proyecto de Ley en el Parlamento de Andalucía el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público y el Decreto-Ley 6/2010 que complementa al anterior y que recoge los puntos negociados con UGT y CCOO, que no son los sindicatos más representativos en la Mesa General de la Administración General de la Junta de Andalucía que es el sector público al que afecta esta reordenación.
Estas dos normas legislativas, previstas tan sólo para asuntos que exijan extraordinaria y urgente necesidad (que no era el caso), técnicamente están en vigor porque ya fueron convalidadas por el Parlamento de Andalucía gracias al rodillo absolutista del partido en el gobierno, pero las movilizaciones de los Empleados Públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía y el rechazo de los dos partidos de la oposición -PP e IU- han contribuido a que el gobierno andaluz utilice un artilugio legal -probablemente inédito en nuestra democracia- y lo tramite como Proyecto de Ley, algo extraño, ya que para ese fin hubiera bastado una iniciativa legislativa del ejecutivo andaluz (Proyecto de Ley) sin más.
No obstante, de lo que ahora se trata es de ver cómo se tramita este proyecto de ley el próximo día 16.
Lo lógico es que el PSOE, que es el partido en el poder lo maquille con elementos insustanciales e inmediatamente aplique el rodillo de la mayoría absoluta. Pero estaremos muy atentos al papel que interpretan tanto el Partido Popular como Izquierda Unida, principalmente, la coalición de izquierdas por pertenecer -en teoría- al mismo bloque ideológico del partido en el poder.
En consecuencia con sus planteamientos previos, el Partido Popular debería de no entrar en el juego de las enmiendas sino pedir directamente su derogación. No obstante, hace unos días me llegaron las enmiendas que el principal partido de la oposición ha registrado en el Parlamento de Andalucía y, en verdad, son enmiendas tan numerosas y profundas que bien podría considerarse que plantea una normativa totalmente distinta a la aprobada actualmente.
Sin embargo, me interesa mucho la posición de Izquierda Unida, no sólo porque durante ocho años representé a esta coalición en el Ayuntamiento de Pinos Puente como Concejal (cuatro años en el equipo de gobierno y cuatro años en la oposición) y me interesa su coherencia, a veces demostrada, sino también porque desde siempre ha sobrevolado la idea de que existe la posibilidad de que se alíe con el PSOE en un hipotético futuro gobierno en Andalucía si, como dicen las encuestas, el Partido Popular ganara las elecciones andaluzas, pero no por mayoría absoluta.
Podría darse esta situación, pero recordemos que la coalición de izquierdas ya tuvo la oportunidad de fortalecer el gobierno del Partido Socialista y no lo hizo cuando el PSOE no obtuvo mayoría absoluta, optando por la opción de presidir el Parlamento de Andalucía con el apoyo del Partido Popular. Fue la legislatura denominada de "la pinza".
Tras la lectura de las enmiendas propuestas por Izquierda Unida a la normativa de reordenación del sector público, lamento decir que no existe una contundencia acerca de la eliminación de los Decretos-Leyes citados. Es cierto, que otorgan a las Agencias un papel subsidiario a la Administración General, pero no pugnan por su eliminación y tampoco reniegan de que se pueda contratar personal ajeno a la Administración Pública para poder trabajar en dichas Agencias. No ofrecen una versión idéntica al PSOE pero sí similar, a pesar de que es más garantista en cuanto a las potestades públicas. Además, recogen algunas de las posturas de los sindicatos CCOO y UGT y eso siempre es criticable.
La solución en este asunto siempre es más fácil pero está claro que lo que Izquierda Unida pretende evitar es que ese personal contratado, que desea estabilizar el gobierno andaluz, sea despedido cuando, en puridad, debería serlo ya que la única vía para entrar en la Administración Pública es la oposición o el concurso-oposición. Por tanto, considero que con esa aquiescencia se equivocan por no apostar por una aplicación contundente de la normativa de la función pública y, por tanto, por una apuesta por los servicios públicos garantistas, imparciales e independientes del poder político.
En mi opinión, la única opción viable para reordenar el sector público pasa por aplicar la normativa de la función pública asentada en el Estatuto Básico del Empleado Público (que tampoco es la ley que esperábamos los empleados públicos) y en lo que esté aún vigente de la Ley 6/1985, de reordenación de la Función Pública de Andalucía, que es una ley muy limitada por sí garantista en cuanto al acceso a la función pública.
Esa opción pasa por establecer objetivamente sin son necesarias esas plazas públicas que hoy ocupan como personal contratado todas esas personas que prestan servicios en las empresas públicas, fundaciones y entes instrumentales, algo que dudo. Si así fuera, la opción es ofertar esas plazas a través de una Oferta de Empleo Pública gradual que integre tanto plazas libres como de promoción interna para los Empleados Públicos de la Administración General; es decir, como siempre ha sido. Todo ello en el ámbito de la Administración Pública General. Opino que esas plazas libres deben ser ofertadas por el sistema de oposición libre para que tengan las mismas oportunidades los andaluces y andaluzas que actualmente se forman en las universidades o centros de enseñanzas medias y que pretenden acceder a una plaza pública en igualdad de condiciones de acuerdo con los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad establecidos en la Constitución y en las leyes sectoriales de función pública.
Si por el contrario -que es la opción tal vez más razonable- se comprueba que esas más de 20.000 plazas no son necesarias, la opción pasa, inevitablemente, por la supresión de todas las empresas públicas, fundaciones y entes instrumentales y que las funciones vuelvan al lugar en el que siempre debieron estar: la Administración General de la Junta de Andalucía, que se iría configurando con esa Oferta de Empleo Público anual. No entiendo que quepan otras opciones.
No olvidemos que la Administración General es tan sólo una pequeña porción de los servicios públicos de Andalucía, ya que el volumen más amplio de personal la ostenta tanto el sector sanitario y el sector educativo al que no le afecta, por lo pronto, esta torticera reordenación del sector público que pretende el gobierno de la Junta de Andalucía.
Por tanto, si las enmiendas de los partidos políticos en la oposición no van en ese sentido, mucho me temo, que de aceptarse, nada aportarán a este galimatías creado por el ejecutivo andaluz y la función pública será la principal perjudicada.
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