PUTREFACTA POLÍTICA

Tan putrefacta está la tarea de político que necesario sería que acabara definitivamente siendo tirada a la basura.

A lo que ya conocemos sobre las prebendas de los políticos: sus pensiones privilegiadas, sus honorarios privilegiados, sus dietas privilegiadas, sus coches oficiales, sus excesivos privilegios, a lo que ya conocemos, decía, se une lo que ya barruntábamos y que ahora se hace público: los privilegios post-morten de la tarea político, con dos datos muy recientes que han copado todos los medios de comunicación y que está indignando a medio mundo en las redes sociales: Aznar, el que fuera Presidente del gobierno de España ha sido fichado por Endesa como asesor para asuntos de América Latina, tarea por la cual cobrará unos 160.000 de euros al año. Unos días antes, Felipe González, el que también fuera Presidente del gobierno de España, ha sido fichado por Gas Natural como consejero, tarea por la que cobrará 130.000 euros al año. Además, estos dos señores que se están enriqueciendo gracias a la democracia, no dejarán de percibir los 80.000 euros que les corresponden mientras vivan por haber sido Presidente del gobierno de España, algo que supone una contradicción sobre la simultaneidad de sueldos públicos y privados. Pero no quedan ahí los emolumentos ya que cobran cantidades enormes por dar conferencias por todo el mundo y por asesorar a empresarios millonarios o por sentarse en algún que otro consejo de Administración, como es el caso de Aznar, que percibe también una importante suma como consejero de News Corporation, perteneciente al entramado de empresas del magnate Ruppert Murdoch, que es uno de los regalos derivados de su apoyo a ese siniestro trío de la Guerra de Irak o el sonado caso de González que ha cobrado cantidades millonarios por asesorar al magnate mejicano Carlos Slim.

Seguramente no acabarán ahí las ganancias de estos dos avispados políticos citados, pero son más o menos las que se conocen.

Los ciudadanos ante estas noticias no sabemos bien qué interpretar. Tal vez, lo primero que acude a nuestra mente es la indignación e incluso, en mi caso, acuden otras ideas que lógicamente no puedo defender con datos pero que considero bien encaminadas: resulta curioso que sean grandes empresas de servicios las que ofrezcan contratos millonarios a políticos retirados. Empresas que en su momento fueron públicas o prestaron y siguen prestando servicios públicos, como son el caso de Telefónica o Endesa. Por tanto, sería lógico pensar que con estos contratos millonarios a favor de quienes en su día tuvieron responsabilidades políticas no son más que los servicios prestados por todas esas subidas escalonadas por prestar esos servicios a los españoles y todos esos dividendos obtenidos como consecuencia de la privatización de las mismas. De hecho, en la actualidad, estas empresas siguen siendo prácticamente monopolistas en los servicios importantes que prestan a los ciudadanos y los sucesivos gobiernos les autorizan sin apenas resistencia a que sigan incrementando el precio por sus servicios. De hecho -qué casualidad- Endesa y las demás eléctrica están incrementado el recibo de la electricidad cada año con el beneplácito del gobierno y Gas Natural también hace lo propio, luego ¿es tan descabellado pensar que esos contratos millonarios no son más que el pago de servicios prestados por haber subido el precio a sus anchas?

Es algo parecido a si, por ejemplo, la inefable Leire Pajín implanta el copago sanitario y cuando se retire de la política es contratada por una gran corporación farmacéutica.

Qué duda cabe que el oficio de político es una carrera pensada para obtener poder y, por lo tanto, eso redundará en un beneficio económico futuro, aunque intenten convencer a los ciudadanos que acceden a un cargo público para mejorar la vida de éstos. Esa es una de las grandes mentiras históricas muy bien protegida por lo que se suele denominar democracia. Es decir que utilizan el cargo, la democracia y el poder para su beneficio personal.

Ante tales privilegios la opción podría ser dejar de votarles, que es lo que hacen las democracias más sólidas en las que la abstención es altísima, pero esa abstención al mismo tiempo provoca efectos nocivos. Por tanto, ¿Cuál sería la solución?

Lo dejo a vuestra consideración.

PRIMER DÍA SIN HUMO

Acababa de hacer 13 kilómetros cuando decidí no perderme el espectáculo de entrar en un bar de toda la vida y comprobar qué aspecto tendría un bar libre de humo y al mismo tiempo cómo reaccionarían los fumadores, hoy, primer día sin tabaco, tal vez la única acción encomiable del gobierno Zapatero (claro está, desde mi punto de vista).

Así que elegí un bar de Pinos Puente, de esos en los que los parroquianos pasan las horas fumando, bebiendo y viendo el fútbol si es que lo hay -y de hecho, lo hay casi a todas horas-.

Uno de los pocos bares al que suelo acudir, pero que a punto he estado de dejarlo en más de una ocasión por mor de esas nubes de humo que levitan entre su techo y su barra. Poco a poco - y reconozco que me gustan los bares- me he ido autodesterrando de todos los bares que me han gustado por culpa del tabaco y, desde hace cinco años (cuando entró la anterior, chapucera y parcial ley antitabaco), he tenido cafeterías de referencia para poder tomar un café a media mañana sin tener que estar pendiente de quien me echa el humo. Pero bares, en el término más exacto de la palabra no he llegado a encontrar ninguno.

No se piense que no he entrado a bares en los que su denominador común era el humo, pero siempre lo he hecho a disgusto y por no aguar a la fiesta a la gente que me acompañaba en ese momento. Pero una vez en ellos e intentado estar lo menos posible, elevándose mi mal humor a medida que se elevaba el humo y comprobaba cómo los fumadores les importaba un bledo la dirección que tomara el humo de su cigarrillo.

Pero por fin ha llegado el día en el que el humo en los bares ya ha pasado a la historia, como ya pasó en los centros de trabajo.

Siempre he sido antitabaco pero jamás antifumadores. Considero que la libertad consiste en hacer lo que cada uno le venga en gana. El que fuma en lugares cerrados no respeta, pero nada se le podía objetar si una ley no lo prohibía porque pedir un respeto voluntario quizá sea demasiado pedir en esta imperfecta sociedad. El verdadero infractor es el que fuma a sabiendas que no se puede. El que lo hace en los ascensores y el que lo hace en los baños públicos, por poner dos solos ejemplos.

Por eso hoy estoy ilusionado. Porque lo he comprobado ocularmente en ese bar de Pinos Puente. He comprobado cómo se respetaba escrupulosamente la norma y los fumadores y fumadoras salían a la calle para poder ahogar su vicio. Como lo hacen en Inglaterra o en Italia o en Irlanda. Y también he comprobado cómo en nuestro país los ciudadanos de a pie suelen respetar las normas. Seguramente más que quienes las hacen.

Pero en fin, sin duda, se ha hecho justicia. Tarde, pero justicia al fin y al cabo.

INSURGENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA

Los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía jamás hubieran imaginado que serían los portadores de la insignia del inconformismo que atraviesa esta región silente como pocas, una tarea que siempre ha estado asignada a universitarios, sindicatos de clase o partidos de izquierdas. Pero ante la ausencia de actores el empleado público no ha tenido más remedio que salir a escena.

Y lo ha hecho porque quienes reparten los papeles a su antojo les quiere apartar también del escenario y ese trabajador silencioso y dócil ha acabado aferrándose a las tablas que no son otras que las calles, avenidas y plazas existentes a lo largo y ancho de esta ajada Andalucía que sufre como nadie treinta años de parcialidad y mal gobierno.

Y es que lo que está ocurriendo en la función pública andaluza tal vez sea uno de los mayores atentados a este sector desde la época de las cesantías. Muchos años de despropósitos y actuaciones oscuras de aquellos que dirigen con la larga batuta que ofrecen unas urnas repetitivas y acríticas. Muchos años fraguándose algo que a propios y extraños les daba miedo poner nombre, pero que finalmente ha sido bautizado. Y ese bautismo no ha sido otro que la aprobación de un Decreto-Ley -el 5/2010, modificado torticeramente por el 6/2010- que pretende dar el carácter de Administración Pública a una administración paralela sin potestades públicas, creada al margen de la única que debe de existir: la Administración General, integrada por funcionarios de carrera y laborales fijos, que han accedido al empleo público superando oposiciones y concursos-oposiciones que son los procedimientos reglados y consecuentes con el artículo 103.3 de la Carta Magna.

Pero un buen día en los despachos del poder a alguien se le ocurrió que sería más fácil escapar a ese control de legalidad (huida del Derecho Administrativo) y alejarse de ese colectivo que jamás se alinea con el poder público porque éste es parcial, efímero y pasajero mientras que la permanencia en el puesto es sinónima de imparcialidad, además de una de las bases de nuestro estado de derecho. Y dijeron basta. Y con ese basta, en la Junta de Andalucía se comenzaron a crear empresas públicas, fundaciones y sociedades mercantiles y a contratar sin control, al principio con algunas reservas, pero comprobado el silencio reinante alrededor y el acatamiento servir de quienes debieron de oponerse, la contratación se hizo en masa.

En pocos años esta administración paralela -y en mi opinión ilegal- fue conformando sus plantillas con personal contratado al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, reservándose los puestos directivos para afines al partido que dirige el gobierno andaluz y que actualmente ocupan multitud de exalcaldes, exconcejales, exdiputados, exdelegados provinciales y muchos otros ex de procedencia no aclarada. En pocas palabras, un asalto a la función pública andaluza sin precedentes del que tendría que tener exacto conocimiento el ciudadano andaluz. Eso también lo están denunciando los empleados públicos.

Y en esa exacerbada contratación se les fue la mano. Hasta el punto de que se comenta que son más de veinticinco mil los que están ocupando una plaza pública sin haber superado oposición o concurso-oposición alguna para ocupar el puesto en el que prestan sus servicios. Por tanto, sin contar con los requisitos legales exigidos que permitan ostentad la necesaria potestad administrativa y el ejercicio de autoridad, que son atributos legales reservados al personal funcionario.

Y como el mundo ya lleva muchos años del revés, el Decreto-Ley citado pretende dar carácter de fijeza a todos esos trabajadores integrantes de esa nueva Administración, que seguramente será a través de un concurso oposición a la medida, imposible de no superar, mientras que a los empleados públicos profesionales se les ofrece -se les invita- a formar parte de ella aunque, eso sí, con carácter voluntario. Una voluntariedad envenenada porque pasarán a esta nueva administración emergente perdiendo la condición de funcionario o laboral fijo en ese nuevo puesto, teniendo -eso sí- la opción de volver a su puesto antiguo, aunque jamás les explicarán que cuando decidan hacerlo encontrarán un páramo en el que ya no crece la hierba y los buitres hace tiempo que dejaron de buscar en los escombros.

Opino que toda esta aberración jurídica no será más que la punta de lanza de lo que está por venir en el resto de la función pública andaluza, porque del éxito de este experimento torticero dependerá su ulterior traslado a otros sectores más magros como el sanitario o el educativo, que ya deberían ir remojando sus barbas.

ESTADO DE ALARMA Y OTROS ESTADOS TRANSITORIOS MENTALES O VISCERALES

Ha tenido que ser un gobierno -en teoría- progresista el primero que ha osado declarar un Estado de Alarma en nuestro país desde el comienzo de la democracia.

España, desde que es un país democrático oficialmente, es decir, desde la entrada en vigor de la Constitución española a finales de 1978 ha atravesado diversas circunstancias que podrían haber justificado la aprobación del Estado de Alarma. Desde la perpetración de salvajes atentados terroristas de ETA hasta el más salvaje de todos, el ocurrido el 11 de marzo de 2004, perpetrado por el radicalismo islámico, pasando por el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981, nunca se ha declarado el Estado de Alarma, con la salvedad del decretado de forma parcial y efímera en Valencia ese mismo 23 de febrero donde el general Milán delBosch sacó los tanques a la calle.

De hecho, el gobierno no las tiene todas consigo en cuanto a la razón y los motivos que justifican ese estado militar -y habrá que esperar lo que dictaminen los tribunales y en particular el Tribunal Constitucional si es que llega a ese órgano el asunto-, ya que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, en su artículo 4 regula que para decretar tal estado ha de existir una " Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución (artículo ambos que aluden, respectivamente, a que se han de asegurar los servicios de la comunidad, tanto en el derecho a la huelga como en situaciones de conflicto colectivo), y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo". Las circunstancias que han de concurrir, de acuerdo también con este mismo artículo son: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. O bien, crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. O también situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Por tanto, en mi opinión, interpretar que se dieron esas circunstancias es algo artificioso, principalmente, porque no existía oficialmente convocada una huelga ni existía un conflicto colectivo concreto en el momento en el que algunos controladores abandonaron su puesto de trabajo.

No seré yo quien defienda a los controladores porque cometieron una fechoría descomunal que debería costarle el puesto de trabajo a más de uno por la vía del régimen disciplinario y penal si fuera necesario, pero de ahí a justificar un Estado de Alarma -con el que perdemos todos porque se militariza la sociedad civil- hay un abismo. A esa gente se les expedienta y si fuera necesario se les expulsa de su puesto de trabajo, pero nada más.

Además, también hay que poner a la luz el porqué de la protesta este colectivo, algo que se pasado por alto.

Este colectivo en su momento fueron funcionarios de carrera; hoy, tan sólo, son personal laboral fijo que, como todos los trabajadores, están dotados de un convenio, producto de una negociación colectiva. Pues bien, el gobierno progre de Zapatero ha ignorado ese derecho constitucional a la negociación colectiva y ha legislado por Decreto y plantea ya la privatización de este servicio. De ahí la descomunal rabia de un colectivo, que se siente ultrajado.

Un colectivo que cobra mucho dinero pero que hace casi diez veces más de horas extraordinarias que la legislación permite; un colectivo al que los distintos gobiernos le han ido ofreciendo tartas, caramelos, bombones y otras fruslerías dulces y que no se han negado a tomarlas, igual que haríamos todos los trabajadores que nos ofrecieran ganar 300.000 € al año ¿Son culpables por no haberse negado a cobrar esas cantidades ofensivas? ¿O son más culpables quienes les han ofrecido esas cantidades?

Hace pocos años, en la época de las vacas gordas, cualquier paleto ganaba esas cantidades en dinero totalmente negro revendiendo pisos o haciendo negocios turbios a espaldas de la legalidad y el fisco -al menos los controladores pagan impuestos y hacen un trabajo de alto riesgo que salva muchas vidas humanas, ya que se trata de tráfico aéreo (que le pregunten a cualquier piloto sobre qué camino seguir con su avión si no fuera por las indicaciones de las torres de control)-, o es que el pastón por medrar que se han metido en los bolsillos a lo largo de los años que llevan en cargos públicos Chaves, el Pepiño, la Pajín, o cualquiera de estos impresentables que nos gobiernan, ¿no merecerían la aplicación de un verdadero Estado de Alarma y hasta de Sitio? ¿No merecerían la aplicación de todos los Estados posibles los miles de políticos golfos que cuentan con prebendas públicas, sueldos indecentes, jubilaciones máximas en pocos años, viajes, comidas y otras indecencias pagadas con los impuestos de todos?

En mi opinión, este gobierno -una vez más- ha vuelto a errar porque de qué otra forma se puede denominar poner en manos de militares a un grupo de trabajadores, que a pesar de la asquerosa fechoría que han llevado a cabo, no son más que trabajadores, mientras que las mafias rusas se pasean por Marbella (¡Qué casualidad:Andalucía!); mientras muchos Alcaldes, Concejales, Diputados, etc., etc., roban a diario aprovechando de sus puestos e influencias; mientras el Rey se ha entendido a las mil maravillas con los mayores golfos del reino; mientras que los partidos políticos han saqueado Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades, Ministerios; mientras todo eso ocurre en este enfermo país a un grupo de trabajadores los entregan a los militares, posibilitando de paso que cualquier trabajador pueda ser "alarmado" en cualquier momento: basureros que se niegan a recoger las basuras de las calles, bomberos que se niegan a apagar incendios, futbolistas que se niegan a saltar al campo, funcionarios que se niegan a firmar resoluciones ilegales... en fin, cualquiera ya en este país puede ser víctima de un Estado de Alarma, que es lo que, probablemente, desea conseguir este gobierno con el único fin de mantenerse en el poder.

Para cagarse. O mejor, coger el primer tren que salga de este enfermo país.

LA TORTICERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La torticería jurídica del gobierno de la Junta de Andalucía espreocupante. Tan ansiosos se muestran en querer introducir una norma injusta que yerran y hacen el ridículo jurídico y político a cada paso que dan.

En julio, con total alevosía, introdujeron por la vía de la urgente y extraordinaria necesidad una reordenación del sector público, que debieron previamente acordar con los sindicatos más representativos de la mesa sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía y con los dos partidos -Partido Popular e Izquierda Unida- con representación en el Parlamento de Andalucía. Pero no, apoyándose en la prepotencia que brinda gobernar durante treinta años sin interrupción, decidieron tramitar esa reordenación del sector público apoyándose en la figura legislativa del Decreto-Ley, regulado en el nuevo artículo 110 del reformado Estatuto de Autonomía de Andalucía y que es una copia casi literal de lo establecido en el artículo 86 de la Constitución, texto básico del que trae causa.

Pero no contaron con que el silente empleado público ya ha dejado de serlo y este colectivo a la vuelta de vacaciones comenzó una batería de protestas que no ha hecho otra cosa que crecer con el paso de los meses; y a medida que crecía esainsurgencia pacífica crecía aún más la tropelía jurídica que hay instalada en el Palacio de San Telmo.

En el pasado mes de julio fue aprobado el Decreto-Ley 5/2010 y ahora, a las puertas de Navidad, ha sido aprobado el Decreto-Ley 6/2010, que recoge lossurrealistas acuerdos pactados con los sindicatos mayoritarios de la Mesa General de la Función Pública, que no es el órgano -una nueva trampa- que debía de acordar nada referido al sector de la Administración General de la Junta deAndalucía, que para eso tiene su mesa sectorial propia, la cual ha sido evitada porque tanto UGT como CCOO son la cuarta y quinta fuerza sindical de la misma. Por tanto, acudiendo a la Mesa General de la Función Pública se quitaban de un plumazo a los sindicatos más representativos del sector, principalmente al CSIF, que es más votado y que fue invitado a una mesa de negociación-trampa.

Al parecer, la idea inicial del gobierno andaluz era que el nuevo Decreto-Ley 6/2010 asumiera el contenido del 5/2010 más los acuerdos pactados con UGT yCCOO e inmediatamente se enviara al Parlamento, para que -tal y como establece el número del artículo 110 del Estatuto de Autonomía "en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación" se convalide. Asimismo, este mismo artículo establece que el "Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia", que parece ser que era la idea del Presidente de la Junta. Sin embargo, el nuevo Decreto-Ley ha sido publicado y está en pleno vigor y no sabemos qué ocurrirá ahora en el Parlamento porque la chapuza jurídica es tan oscura que ya ni ellos se atreven a dar el siguiente paso.

Y, claro, la pregunta que nos hacemos todos es el porqué de la urgencia del Decreto-Ley 5/2010, cuando siendo aún "nasciturus" ya ha sido devorado por otro Decreto-Ley de similar naturaleza.

¿Pero qué está ocurriendo en los altos palacios autonómicos para que se produzca este desaguisado? Muy fácil: están muy nerviosos. Saben que el empleado público no va a detenerse y que el gobierno cada vez se tambalea más.

Estamos asistiendo, probablemente, al derrumbe de un régimen por lo que al margen de que los empleados públicos luchen por sus derechos ya existen voces, propias y ajenas, que quieren seguir adelante para acabar de una vez por todas con treinta años de despropósitos, prebendas, enchufismo, nepotismo,despilfarro y mal gobierno.

¡QUE ACABE YA LA FUNCIÓN!

Al margen del conflicto en la función pública andaluza, cada vez estoy más convencido que este régimen mal llamado socialista de la Junta de Andalucía está dando sus últimas bocanadas. Y lo saben.

No es posible que treinta años de mal gobierno siga su curso porque acabarán desmoronando los cimientos de esta conformista región y adueñándose de lo poco que aún respira y está latente en la sociedad civil.

El tiempo, gran constructor, dictará su veredicto y -espero- que ponga en su lugar a toda la golfería que ha danzado por estos lares haciendo y deshaciendo a su antojo, aprovechándose del duermevela que caracteriza a una gran parte de la población y comprando voluntades con subvenciones, rocios, feriasdeabril y prebendas. Utilizando la Administración como su cortijo y tergiversando la realidad con ese bodrio peligroso denominado Canal Sur.

Mucho habría que meditar sobre la necesidad de una Autonomía que ha estado en manos de bandoleros y asaltadores (ya sólo les quedaba por asaltar la función pública), verdaderos maestros en manipular las normas y prodigiosos predegistadores del engaño y la manipulación.

Si toda esta banda volviera a ganar las elecciones no habría más remedio que fugarse de esta región enferma en la que sólo avanza quien medra y satiriza a las personas decentes.

El tiempo, gran juzgador, deberá de poner a cada uno en su sitio; deberá de explicar el por qué de la permisividad del vergonzoso espectáculo de Marbella; del sonrojante y deleznable negocio de la Expo, del lamentable atentado a la playa del Algarrobico en Carboneras; del despilfarro sin control en asesores y cargos de confianza; del uso desmedido de coches oficiales, dietas, comidas y viajes; de la utilización irresponsable del dinero público.

Las personas decentes deberían de tomar las riendas de esta Andalucía maltratada; personas que no interpreten que el dinero público es suyo; personas que primen el esfuerzo y el mérito por encima de subvenciones y prebendas; personas honestas deberían de regenerar esta tierra que está a punto de claudicar.

Todos los tics de un régimen, pero con el agravante de que un verdadero régimen se suele girar en torno a posturas ideológicas concretas mientras éste que ha manejado los designios de Andalucía tan sólo lo ha hecho por el vil metal, sin otras inquietudes reconocidas. Da asco.

EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA TRAS LOS PASOS DE GRIÑÁN.Granada 21 Noviembre.

Andaluces levantaos. Así reza una de las estrofas del himno de Andalucía que los socialistas cantaban cuando a principios de los ochenta se mostraban ansiosos por reivindicar la autonomía para esta tierra. Con el tiempo hemos comprendido el por qué de tal ansiedad. Ahora los empleados públicos profesionales (a los que llamo así para distinguirlos de los paniaguados) esa estrofa se la cantan a ellos, además, de la canción-símbolo de Jarcha: sin ira libertad.

Porque estamos hablando de un nuevo régimen. Un régimen construido a lo largo y ancho de treinta largos años. Un régimen que comienza a hacer aguas e intentamos tambalear los empleados públicos profesionales.

El domingo, 21 de noviembre, en Granada, alrededor de 500 empleados públicos profesionales acudían a protestar a Griñán que llegaba a la ciudad a presentar a su candidato a la Alcadía -que dicho sea de paso jamás alcanzarán porque Granada hace tiempo despertó-. Quinientos empleados que haciendo dejación de su día de descanso acudían en una mañana plomiza a las puertas del Palacio de Congresos y Exposiciones, tras renunciar el PSOE a utilizar el primer lugar propuesto con el fin de evitar las pitadas: el Parque de las Ciencias.

¿Y con qué nos encontramos en ese lugar? Nos encontramos con los símbolos de cualquier régimen dictatorial que se precie: policía, mucha policía, amén de una ingente guarda pretoriana montada por el propio PSOE, que actuaron como verdaderos matones a la salida de Griñán, que como las inmundas ratas salía en su reluciente Audi A-8 blindado -doy fé- de los garajes, lugar en el que hubo algún que otro altercado y ciertos momentos de tensión.

Los empleados públicos profesionales estuvieron haciendo guardia en la puerta principal del Palacio de Congresos y Exposiciones desde las 11,00 -algunos desde antes, incluso- hasta pasadas las 14,30 bajo una ingente cantidad de decibelios expulsados por vuvuzelas, pitos y otros artilugios propios de eventos deportivos de masas.

Muchos de los allí asistentes no esperaban esa asquerosa chulería en los gestos de decenas de afiliados y afiliadas que iban saliendo del recinto. Otros ya sabíamos de ella y no nos sorprendíamos. Y, lógicamente, las caras más conocidas del socialismo granadino fueron los más homenajeados con frases duras y contundentes (pude escuchar algunas como: ladrón-ladrona; chorizo-choriza; sinvergüenzas, entre otras muchas). En ese sentido la policía censuraba a muchos militantes para que no provocaran con gestos ofensivos a los manifestantes. Bien por la policía, que al contrario que en Torretriana hace algunos días, estuvo muy correcta y comprensiva con los manifestantes. Lógicamente, no deseo afirmar con estas palabras que todos los afiliados socialistas tengan esa actitud sobrada y chulesca. En absoluto. Tengo amigos socialistas y siempre me han parecido personas sensatas y educadas, pero sí es cierto que existe una feligresía que, protegidos por su gobierno y beneficiados por prebendas inconfesables, actúan como el amo del cortijo dentro de lo que creen y sienten como su territorio soberano.

Dentro del recinto Griñán hablaba y mentía sobre el servicio público, arrogándose él, su partido y su gobierno como los más protectores de los funcionarios y del servicio público en general. Y esas frases ya recuerdan a esas grandes mentiras históricas de oscuros líderes que mentían para seguir manipulando y engañando a las masas.

Lo que está ocurriendo en los actos de la verdadera función pública andaluza es un fenómeno que tarde o temprano se esperaba que ocurriera en esta Andalucía silente. Con una universidad dormida, una izquierda servir, unos sindicatos subvencionados y una ciudadanía ausente o desilusionada, nadie esperaba -y menos que nadie el gobierno andaluz- que fueran los empleados públicos, siempre tan acomodaticios, los que enervarán la bandera de la libertad que esta casta lleva treinta años mangoneando. Ojalá a esta iniciativa apolítica y ciudadana se le vayan sumando más colectivos de empleados públicos (SAS, sector educativo, Justicia, Universidades) y ciudadanos, porque es notorio que aquello de las barbas de vecino siempre ha acabado cumpliéndose.

Seguimos en la lucha.

Hoy, viernes, el periódico El Mundo ha publicado una carta que les envíe ayer sobre la vergonzosa manipulación de Canal Sur (una de las televisiones y radios públicas más manipulada y al servicio del golferío de la Junta) en el conflicto que mantienen los Empleados Públicos de la Junta de Andalucía con el gobierno andaluz por causa de ese ilegal Decreto-Ley 5/2010 que pretende meter por la puerta de atrás a más de 30.000 paniaguados. A ver qué os parece, que ha tenido su repercusión mediática.

MANIPULACIÓN INFORMATIVA DE CANAL SUR EN EL CONFLICTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA

Sr. Director:

En esta Andalucía silente gobernar medrando y manipulando es tremendamente fácil. Pero, si además, se controla un medio de comunicación público la tarea casi se convierte en placentera.

La RTVA, cuyo buque insignia es Canal Sur TV, está sostenido con los impuestos de todos los andaluces pero controlado de forma partidista por un gobierno cínico que obtiene rédito electoral y mediático. Y para muestra la vergonzosa manipulación por parte de los servicios informativos de Canal Sur – televisión y radio- en la espectacular y permanente protesta contra el Decreto-Ley 5/2010 que están llevando a cabo los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía en respuesta al mayor atentado contra la función pública desde la eliminación de la cesantía.

El día de la macro-manifestación de Sevilla, el pasado 13 de noviembre, el informativo de Canal Sur TV de las 20,55 horas, se refirió de pasada a este espectacular evento en cuarto lugar, mereciendo mayor atención los dos mil manifestantes pro-saharaui en Madrid y la liberación de la premio nobel de la paz camboyana. Pero, no contentos con ese ninguneo informativo dijeron: “miles de manifestantes”, sin atreverse a apostillar lo que sí afirmaron medios como éste: que la cifra superaba los treinta mil y que había sido una concentración histórica. Y algo similar hicieron hace unos días en la manifestación del día 17 de noviembre, celebrada en Granada con este mismo fin. De nuevo se limitaron a informar de pasada, bajando la asistencia a una cifra irrisoria. Pero, en fin, de qué podemos extrañarnos a estas alturas, tras treinta años de delirio gubernamental.. Si Andalucía, algún día, dejara de ser silente se eliminarían las barreras y se cumpliría la estrofa del himno que proclama una Andalucía libre. Ojalá este despertar de la función pública andaluza sea el principio.

José Antonio Flores Vera

Empleado Público de la Junta de Andalucía

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA SON TRATADOS COMO DELINCUENTES: EL MUNDO AL REVÉS

Agresión policial en Torretriana a empleados públicos de la Junta de Andalucía (día 18/11/2010)

Paradojas de la vida. Y de la política.

Ha tenido que ser una norma contraria a la función pública constitucional la que esté poniendo patas arriba a la Junta de Andalucía y quitando caretas.

En esta Andalucía silente, el clientelismo político y subvencionado ha danzado a sus anchas durante treinta años. Si acaso, hubo unos pocos años de esperanza, que son los coincidentes con la transición política. Pero la realidad es que los andaluces se libraron de un franquismo para entrar en una dictadura supuestamente democrática.

Una Andalucía que ha estado comandada por quienes han tenido todo el cinismo necesario de ofrecer el elixir del sueño y del silencio. Una especie de pacto mafioso o chino que ha posibilitado que se llenen barrigas y bolsillos sin freno. Pocos adivinarían que en este régimen, los funcionarios, tan acomodaticios y desinteresados fueran los que abrieran la caja de los truenos cuando ese papel siempre ha estado reservado a la Universidad y, últimamente, a los antisistema, que siempre tienen la de perder.

Lo que está ocurriendo en la función pública -pero también en la sociedad andaluza- es una auténtica rebelión y lo visto hoy en Torretriana, en Sevilla, no es más que el comienzo de una situación que probablemente se torne cada vez más violenta porque al ladrón hay que detenerle como sea )de hecho tras como muestra el vídeo de los sucesos de Torretriana no sea más que el colofón). Y aquí el ladrón ha sido toda esa golfería anquilosada en las instituciones de la Junta de Andalucía, una casta rancia e iletrada; ambiciosa y embustera que han utilizado los recursos como les ha venido en gana.

Es demencial. Los empleados públicos, que accedimos creyendo en el sistema legal, hemos tenido que ver cómo las oficinas públicas se han llenado de intrusos, de verdaderos vividores adosados al partido en el poder. Ver cómo utilizan a sus anchas los coches oficiales; ver cómo se autoadjudican sueldos millonarios; ver cómo cobran hasta la última dieta; cómo cobran la productividad que debería corresponder a los trabajadores; y lo peor de todo ha sido ver cómo todo ello lo han hecho -y están haciendo- con total prepotencia y altivez.

Comprobar cómo a un iletrado alcalde le regalan un puesto púbico de directivo sin tener la titulación adecuada -tal y como ha denunciado la Cámara de Cuentas- y ver cómo los hijos de los dirigentes, a su vez, obtienen otro cargo mientras miles de jóvenes mucho más preparados y honrados vagan por las colas del paro ante la impotencia de sus padres.

Esta gentuza se ha ido apoderando de la sociedad civil con la misma táctica caciquil de los dictadores hasta el punto de que si ellos no obtienen beneficio, cargos o gloria no dejan títere con cabeza. Como en las mejores dictaduras están presentes en todos los frentes. En eso son especialistas. Y en ese clientelismo han integrado a sus dos sindicatos comparsas: CCOO y UGT, ambos de glorioso pasado pero de triste papel contemporáneo.

Hay que decir basta ya. Y desde aquí animo a todo empleado público andaluz, ya sea del SAS, de la Universidad o del sistema educativo a que se alcé contra esta golfería, porque han de saber que ellos serán los próximos en sufrir el acoso que estás sufriendo los empleados públicos de la Administración General.

¡ No nos pararán !

LA JUNTA DE ANDALUCÍA COMIENZA A DAR MUESTRAS DE NERVIOSISMO

El gobierno andaluz está cada vez más nervioso. Están cometiendo el error de no unificar el mensaje que quieren mostrar ante la espectacular movilización de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía.

La Consejera de Presidencia vino a decir que los más de 30.000 manifestantes de Sevilla del pasado día 13 de noviembre no habíamos comprendido el Decreto-Ley 5/2010, es decir, que la Consejera tiene un ejército de iletrados e iletradas trabajando en la Administración andaluza; y hoy, la Consejera de Hacienda y Administración Pública ha dicho que las movilizaciones se deben al malestar que nos provoca saber que perderemos mucho dinero en la paga extra de diciembre. Pero en absoluto esta movilización está demandado cuestiones económicas porque será el Poder Judicial el encargado de enjuiciar si las salvajes rebajas de sueldo se ajustan a la legalidad o no. Lo que se está reclamando es muy sencillo: unos servicios públicos garantistas y profesionales y la eliminación de esa Administración paralela compuesta por paniaguados y afines al partido del gobierno. Luego, ¿no están dando síntomas de estar muy nerviosos?

Además, hoy jueves, se convoca la Mesa General de la Función Pública. Que será un paripé montado por la Administración y estos sindicatos afectos al poder de la Administración que cada vez tienen más color amarillo. Será invitada la central sindical CSIF, que es la mayoritaria en la Junta de Andalucía pero, en mi opinión, ésta no deberá de, ni tan siquiera, llegar a sentarse si uno de los puntos de la orden del día no es la discusión sobre la posible derogación del Decreto-Ley canalla.

Mientras tanto los empleados públicos seguimos en la brecha. Con fuerza. Tal y como se ha demostrado en la tarde-noche del miércoles, en la que más de 2.000 han recorrrido la Gran Vía granadina -desde la Plaza de Isabel la Católica hasta la sede de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía (antiguo edificio de La Normal)-, bajo amenaza y posterior lluvia y un ruido ensordecedor de vuvuzelas, pitos, voces, cánticos y muchas pancartas. Una vez más se ha demostrado que no es necesaria la presencia de sindicatos representativos para aunar reivindicaciones sindicales.

La lucha (porque se trata ya de una lucha) va en aumento, en la misma medida que la mirada sorprendida de este nefasto gobierno andaluz, que tiene por bandera el hundimiento de la sociedad civil a cambio de su pertinaz permanencia en el poder.

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA DESTAPAN LA CAJA DE LOS TRUENOS

La encarnizada protesta de los empleados públicos andaluces resume y sintetiza todo poso de silencio que se ha ido acumulando en esta Andalucía silente y rociera a lo largo de muchos lustros.

El andaluz medio se ha acostumbrado a vivir con la omnipresente y ramplona Junta de Andalucía, que lejos de ser una institución legalista siempre se ha dedicado a asuntos contrarios al interés público. Asuntos que poco a poco van saliendo a la luz.

El primero con magnitud considerable que ha salido a la luz pública es el que están denunciando los cuarenta mil empleados públicos profesionales que emplea la Administración General. Y ese asunto no es otro que el vergonzoso nepotismo que el gobierno andaluz y sus adláteres han ido desarrollando a lo largo y ancho de treinta años de reinato ininterrumpido. Pero más vale tarde que nunca.

Lo que probablemente no sospecha el gobierno andaluz es que el empleado público, harto de tanto ver y callar, ya ha destapado la caja de los truenos y no hay día en el que no se denuncien abusos y corruptelas. Los correos electrónicos de los empleados públicos arden cada día en varias ocasiones. Y eso es porque la unidad que ha conseguido provocar el gobierno de Andalucía en éstos no tiene límites y se están denunciando todos los atropellos, prebendas, corruptelas y demás canalladas que se han ido llevando a cabo a lo largo de los años. Y eso que aún no se ha destapado la caja de los truenos de esos dos otros monstruos del funcionariado andaluz: el Servicio Andaluz de Empleo y el Sector Educativo. Cuando eso ocurra ya no existirá títere con cabeza.

En esta región se ha visto como normal -ya lo he denunciado en anteriores artículos- que cualquier exalcalde, exconcejal, exdiputado o lo que exloquesea -y los hijos y familiares de todos éstos- al día siguiente de cesar en su mandato, automáticamente, obtenga una excelente plaza pública bien retribuida, sin esfuerzo, sin cumplir los requisitos legales constitucionales y sin que se sepan exactamente sus funciones. Esas maniobras de asalto y ocupación del sector público de Andalucía ha creado la friolera de más trescientos entes, entre empresas públicas, sociedades, agencias, fundaciones y otras formas jurídicas que se nos escapan y muchos ya han obtenido la fijeza por la vía del derecho laboral (personal laboral fijo). Ha sido el acto de bandolerismo más importante que ha tenido la historia de Andalucía, y el ciudadano tiene derecho a saberlo porque todo eso lo están haciendo con sus impuestos. Si la gente de la calle supiera en qué se gastan sus impuestos, más de una torre palacial en la que todos estos sinvergüenzas descansan sus gordas posaderas ya estarían derribadas. Si supieran las comidas, los viajes, los coches oficiales, los gastos exorbitados y todo lo que derrochan ya habría ardido más una torre de marfil.

Los empleados públicos de Andalucía ya están comenzando a contarlo porque tienen el poder para hacerlo. Conocen el aparato administrativo como la palma de su mano. Conocen todos los resortes para derribar a este gobierno trepador. Lo que se tarde en hacerlo será lo de menos. Porque al final se conseguirá.

Es lo más parecido a una revolución pacífica. Algo inédito en esta región complaciente y comprada.

CUANDO LA JUNTA DE ANDALUCÍA DECIDE CONFUNDIR A TODO EL MUNDO

En la entrada anterior ha habido tres comentarios. Pocos, para el asunto que tenemos entre manos, si bien han sido tres comentarios densos, respetuosos y muy interesantes, aunque lo que más me ha sorprendido es la condición de quienes los firman. Los tres se caracterizan por la corrección y el uso de la razón contenida en los mismos.

El primer de ellos se debe a la pluma de un empleado público del Estado, representante de CCOO en la AGE -Administración General del Estado-, que en un tono muy positivo y autocrítico reconoce que en su sindicato firmante del acuerdo con la Junta de Andalucía se tenía que haber discutido con las bases, que es uno de los elementos básicos del funcionamiento democrático de un sindicato de clase como CCOO.

El segundo comentario, podría considerarse como la voz de las personas que pretenden entrar en la Administración Pública a través del esfuerzo máximo que supone acceder por medio de un sistema reglado en el que debe primar el mérito y la capacidad. Y con este comentario hay que hacer una valoración especial, ya que lo que está ocurriendo en la Junta de Andalucía echa por alto la expectativas de miles de jóvenes que deciden probar acceder a la función pública andaluza.

Pero el tercer comentario me ha sorprendido gratamente, ya que entraba en juego la tercera voz de este asunto. Si en el primer comentario se alzaba la voz de un representante sindical de CCOO -que, insisto, es uno de los dos sindicatos (junto a UGT) firmantes de un acuerdo que no convence a casi nadie-, y el segundo comentario se debía a quienes aún no están dentro de la función pública, pero tienen el derecho legítimo a estarlo, en el tercero se alzaba la voz de una persona que trabaja en una de esas empresas públicas que están en el punto de mira de todos los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía. Y su discurso -sinceramente- me ha parecido razonable y sensato. Al mismo le voy a dedicar algunas lineas.

Decía este trabajador de una empresa pública que ni conocía a nadie ni era ex de nadie, que es algo de lo que estoy convencido porque podría existir algún equívoco en mi entrada anterior, pudiendo dar a entender -involuntariamente- que todos esos 35.000 que se evalúa hay en las empresas públicas son ex o conocen a alguien. En absoluto es así. Con la entrada anterior denunciaba a los que estaban ocupando plazas ilegalmente y sí son ex o conocen a alguien del partido en el gobierno, que son los que realmente deben de preocupar por el bien de una función pública legal y honesta y por el bien de una ciudadanía que tiene todo el derecho a contar con empleados públicos que hayan accedido cumpliendo los principios de mérito y capacidad.

Dicho esto hay que decir lo siguiente: la Junta de Andalucía no sólo ha utilizado las empresas públicas para introducir a mucha de su gente sino que también lo ha hecho para contratar sin control. Y, lógicamente, a esas personas contratadas -como es el caso de nuestro anónimo comunicante- no se les puede reprochar que no hayan rechazado el trabajo ofrecido: le han ofrecido un contrato y, lógicamente, han accedido porque todo el mundo tiene derecho a trabajar. El problema es otro, que entronca con lo que comenta este trabajador en cuanto a que no realiza funciones públicas. Lógicamente, no puede realizar funciones públicas porque no posee el carácter ni la potestad administrativa necesaria que sólo ofrece el sistema legal al funcionario público de carrera -ni siquiera al personal laboral fijo-.

Por tanto, en su situación y en la de tantos cientos de trabajadores emerge la irresponsabilidad de la Junta de Andalucía que debe cumplir la legalidad y no la cumple. Resumidamente dicho: la Junta de Andalucía debe de abstenerse de contratar como si fuera una empresa privada y, por el contrario, debe de ofertar las plazas que necesite por medio de la herramienta jurídica correcta: la oferta de empleo público, que es lo que no está haciendo o lo está haciendo con cuenta gotas.

Seguramente que este trabajador que nos envía un comentario preferiría, sin lugar a dudas, poseer una plaza de funcionario que no pertenecer a un colectivo -que como él mismo comenta- podría tener los días contados porque es probable que a trabajadores como a él la Junta no le ofrezca estabilidad aunque sí se la proporcionará a todos sus afines.

Y es que, tal y como titulo esta entrada, la Junta de Andalucía se ha especializado en confundir a todo el mundo con un único y exclusivo fin: dejar asentados a sus afines. Esa es su única intención. Por tanto, trabajadores como nuestro amigo informático también podría ser en poco tiempo una víctima propiciatoria.

MÁS SOBRE EL NEPOTISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

En la Junta de Andalucía, seguimos con la lucha y la indignación va creciendo cada día en proporción a las nuevas noticias que nos están llegando acerca de los motivos que sospechamos esgrime el gobierno andaluz para blanquear esa administración pirata de 35.000 personas que ha ido construyendo día a día, en la sombra.

La última noticia ha sido el abandono que han sufrido los empleados públicos por parte de los sindicatos más representativos a nivel estatal y andaluz: UGT y CC.OO.

Estos sindicatos, efectivamente, son los más representativos a nivel nacional y a nivel andaluz, de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, porque poseen más del 10%, del total de delegados de personal, de los miembros de los comité de empresa o de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas a nivel estatal y también porque poseen más del 15% de esa misma representación a nivel andaluz. Pero no lo son en el ámbito sectorial de la Junta de Andalucía, organismo en el que ocupan el cuarto y quinto lugar en cuanto a fidelidad de voto. Es decir, que la audiencia que la Ley Orgánica de Libertad Sindical le reconoce en la suma de todos los sectores, no la tienen en el sector de la Junta de Andalucía, que es en el que se va a producir -si los funcionarios con sus movilizaciones o el Tribunal Constitucional no lo remedian- la mayor sangría e injusticia en la historia de función pública, en la historia de nuestra democracia. Ni la derecha más rancia se atrevería a llevar a cabo una reforma así. Aunque yo particularmente dudo que no estemos ante la derecha más rancia expresada en la definición de "nuevos ricos" que se lanzan sin mesura ni control hacia todo lo que sea dinero público sin el más mínimo sentido de la ética ni de la razón.

Porque de lo que se trata con este Decreto-Ley no es otra cosa que estabilizar por la cara a miles de personas contratadas con total impunidad y sorteando todos los filtros legales de acceso a la función pública.

Para recordar datos, hay que decir que lo que pretende hacer la Junta de Andalucía es reordenar a su antojo el sector público por medio de Decreto-Ley, (una norma jurídica que aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y posteriormente convalida en el Parlamento ya que gozan de mayoría absoluta -el PP e IU votaron en contra-) que es un instrumento normativo pensado para abordar asuntos legales sobre aspectos que requieran extraordinaria y urgente necesidad. Y resulta que esa extraordinaria y urgente necesidad no se ha explicado ni motivado en absoluto, a no ser que sean otras que la de acelerar el proceso para dejar bien atado a todo su personal afín, ahora que se ve muy cercano el declive electoral, tal y como hoy me comentaba hoy un amigo que -atención- fue alcalde socialista en un pueblo.

Y lo más grave es que lo harán, usando sin mesura y control el dinero público y perjudicando de manera irreversible al empleado público profesional andaluz, al que le usurparán todo su futuro y carrera administrativa y usurpándole las posibilidades de entrar en la función pública a todo ciudadano que se lo merezca y demuestra mérito y capacidad.

La barrabasada es de proporciones tan gigantescas que es difícil añadirle un adjetivo clarificador de lo que está pasando.

Pero seguimos en la lucha y vamos a seguir así hasta que se sepa en todos los foros. De hecho, cada vez más medios -incluso nacionales- ya se están haciendo eco de esta cacicada.

El andaluz tiene que saber que están jugando con sus impuestos, con su derecho a unos servicios públicos. Tiene derecho a saber que en este cortijo sociata nada crece a no ser que se trate de algo en lo que ellos tengan intereses. Es el país de los chaves, las aidos, las pajines y toda una panda de personas que sin mérito alguno -tan sólo estar en política y medrar- están construyendo su futuro y destrozando el de los demás. Algo muy similar a una dictadura. Palabra.

ARRECIA LA INDIGNACIÓN ENTRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Pitada en la Plaza de España de Sevilla

El empleado público de la Junta de Andalucía. El real. El que aprobó en su día unas oposiciones o ganó un concurso. Ese empleado público está muy mosqueado. Y lo demuestra siempre que puede y le dejan. Pero no es un tema baladí ya que el asunto puede ir a más. Puede ir a una auténtica insurrección y auténticas batallas campales contra toda esta casta del PSOE que ocupa la Junta de Andalucía. Toda esta pandilla de bandoleros que asaltan siempre que pueden.

Toda esa revuelta que se está desarrollando para evitar que la Junta de Andalucía no oficialice esa administración paralela integrada por sus enchufados, ex-cargos políticos, miembros de su partido y familiares y un amplio acervo de personajes que esperan el momento de poder convertirse en empleados públicos fijos sin pasar por la tortura de la oposición o el concurso-oposición. O sencillamente gente que un día fue contratada al margen de los principios constitucionales que rigen la función pública y a los que a partir del día 1 de de enero de 2011 -fecha de entrada del Decreto-Ley- se les quiere hacer fijos.

Y decía, que todo el vasto territorio de Andalucía está sirviendo a los más de 40.000 empleados públicos legales para reivindicar sus derechos adquiridos. Hay mucha indignación y nos estamos organizando. Y allá donde acuda un Consejero-a o el mismísimo Presidente allí que acudimos para organizar una buena pitada reivindicativa.

De hecho, existe una excelente organización en este tema porque todos estamos unidos y nos comunicamos con mucha facilidad el lugar y la hora de visita de los cargos públicos.

Por ejemplo, el pasado viernes se nos comunicó con urgencia que el Consejero de Cultura estaba a punto de salir del edificio de la Biblioteca de Andalucía, lugar al que había acudido a entregar unos premios relacionados con la lectura. Y allí acudimos. No éramos más de treinta pero parecíamos los trescientos espartanos, esos que sufren en el entrenamiento para sufrir menos en la batalla.

La pitada y las voces a este personaje -antiguo gestor del Turismo de Andalucía, a pesar de que su familia está introducida en el sector del golf, y perdedor de la Alcaldía de Marbella (Marbella, curiosamente)- fueron tremendas. Se le llamó ladrón y se le persiguió. Realmente llegué a temer por un grave altercado ya que hubo roces importantes con un policía de paisano de su escolta.

El espectáculo fue poco edificante y se podría describir en estas pocas palabras: el Consejero, palmeros y escoltas intentaban acceder a paso ligero hacia su lujoso Audi A-6 plateado por una calle lateral y esos espartanos y espartanas le seguían llamándole ladrón y otras lindezas. Con anterioridad, con chulería y yendo de sobrado, intentó hablar con los manifestantes y le salió el tiro por la culata ya que arreció la indignación y todos le dimos la espalda de forma sincronizada al tiempo que alzábamos las manos diciendo a gritos:¡Que nos roban!

Algo similar ocurrió en Jaén, pero el protagonista en esta ocasión era el mismísimo Griñán.

Y unos pocos días antes, en la Plaza de España de Sevilla, el acto público al que acudía el antiguo presidente de la Junta, Chaves, casi fue boicoteado por los empleados de la Agencia del Agua de Andalucía, que son las primeras víctimas de esta escandalosa reordenación del sector público de Andalucía.

Estas acciones se van a seguir sucediendo -de hecho no acaban más que empezar- y mucho me temo que cada vez serán más contundentes porque el tiempo se acaba ya que la Junta de Andalucía quiere tener sellado su nepotismo para el día 1 de enero de 2011.

Parece que Andalucía comienza a despertar ante esta abominable casta.

Seguiré contando.

VOLVAMOS AL NEPOTISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

La oposición al asunto que se trae entre manos la Junta de Andalucía cada día se calienta más. E incluso los medios no afines (porque los afines están vergonzosamente callados) ya están comenzando a denunciar duramente este nepotismo del gobierno andaluz, que ya parece están comenzando a abandonar el barco como ratas ante el temor real de perder las próximas elecciones y comienzan ya a situarse en sabrosos puestos fijos, que ahora ocupan eventualmente en empresas públicas gratuitamente e interesadamente creadas a lo largo de los últimos años para que les sirva de retiro como sirvió la Isla de Santa Elena a Napoleón.

El asunto, al margen de tecnicismos es muy sencillo de explicar: el gobierno andaluz pretende hacer empleados públicos fijos -y darles la prerrogativa de funcionarios a muchos de ellos- de un plumazo a veinte mil trabajadores que tiene contratados en sus enésimas empresas públicas, las cuales no cumple otra función básica que la de dar cobijo a miles y miles de contratados a dedo como antes decía. Es decir, que hay dos Administraciones Públicas simultáneas: una es la real, la profesional, la integrada por empleados públicos -funcionarios de carrera y personal labora-, que accedieron al puesto a través de un sistema selectivo constitucional; la otra, es una administración pública fantasma, solapada. Creada por medio de contrataciones ajenas a los principios legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Y como resulta que ambas es imposible mantenerlas, se pretende utilizar una nueva química administrativa, que consiste en fusionarlas y deducir de esta fusión un bodrio al que denominan Agencias -que las hay de diversos tipos-. En esa fusión ilógica ya nada será igual y será imposible reconocer a los propios de los extraños como a continuación se explicará.

Entre esos contratados a dedo hay muchos ex-cargos de la Junta de Andalucía, ex-alcaldes-, ex-concejales y muchos ex de diversa procedencia partidista. Además, se sabe que también se han contratado alegremente familiares, amigos, miembros del PSOE y otros elementos afines. Sabemos que de ese personal están integradas las relaciones de puestos de estas empresas públicas, pero lo ideal sería que el gobierno andaluz tuviera la valentía de ofrecer esos listados a la opinión pública para que se pueda comprobar la procedencia y filiación de cada uno de sus trabajadores y directivos.

Conozco a mucha gente que ha entrado en la función pública por la cara, sin cumplir los requisitos del artículo 103 de la Constitución, basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Esos casos que conozco -básicamente en la Diputación de Granada-, y que todos conocemos en otras instituciones, hasta ahora, estaban mezclados con el personal profesional que sí ha cumplido esos requisitos antes aludidos. Pero lo que ahora se pretende es dar cobertura legal y constitucional a esos más de veinte mil empleados que no han superado oposición ni concurso-oposición alguna.

Hay dos casos sintomáticos que conozco (y todos son parecidos a estos dos): Uno. Un alcalde de un pueblo de área metropolitana de Granada, de profesión empleado de correos (cartero o clasificador, no sé exactamente), que cuando cesa de alcalde y de diputado provincial, que también lo era, no volvió a su humilde puesto sino que acabó siendo contratado en una empresa pública con un sueldo astronómico. Dos: un joven de pueblo sin estudios universitarios algunos -creo que tampoco de enseñanza media- pertenece desde casi niño a las Juventudes Socialistas, por lo que acaba trabajando como administrativo del PSOE -a lo que no hay nada que objetar, porque como entidad no pública puede contratar a quien quiera-. Sin embargo, poco a poco, ese joven crece y necesita una estabilidad. No ha hecho oposiciones ni piensa hacerlas, así que pasa a ser secretario del grupo socialista en un órgano provincial y desde ahí obtiene la plaza de personal laboral, temporal en primer lugar y fijo posteriormente. Sigue sin hacer oposición ni nada por el estilo pero ya es fijo. Ahora ocupa un alto cargo en un órgano provincial porque además es Concejal de un pueblo del área metropolitana de Granada. Casos similares a ese serán los que obtengan por la cara la condición de empleados públicos fijos, en la mayoría de los casos, como directivos, con un sueldo bruto al año de más de 50.000 €, al margen de dietas, coche, secretaria, etc.

A su servicio estarán funcionarios de carrera y personal laboral, ambos profesionales de la función pública, que han cumplido los requisitos que contempla el artículo 103, es decir, que han aprobado como mínimo una oposición o un concurso-oposición. Todos ellos tienen la formación académica que las normas de función pública exigen para su puesto y la mayoría de ellos aportan, además, formación universitaria. Todos esos méritos no le servirán para hacer carrera administrativa y su esfuerzo estará al servicio del nepotismo andaluz.

Además, se produce otra circunstancia cínica que también está denunciada: pocos ciudadanos -o tal vez ninguno- podrán ya acceder a una plaza pública a través de la Oferta de Empleo Público, porque ésta ya está desapareciendo.

Todo eso hay que pararlo como sea. De hecho el PP ya va a presentar una recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 5/2010, que es el que posibilita legalmente esta barrabasada y existen muchas iniciativas jurídicas para detener esta lacra.

Para más información hay que decir, por si hay alguien que aún no lo sepa, que el personal laboral fijo pasará a depender de forma obligatoria de una Agencia en los próximos años, saliendo de la cobertura legal que le ofrece el Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía y al personal funcionario se le dará la opción de entrar en una Agencia como personal - no fijo - y se le reservará su plaza en la Delegación Provincial, Consejería u cualquier órgano de la Administración General de la que dependa. Pero hay una trampa mortal: cuando decida volver a su plaza no la encontrará, ya que estará desdotada y habrá de estar a la espera -probablemente pasará a la situación administrativa de expectativa de destino- de que surja una plaza similar a la suya. Pero esta no surgirá porque las Relaciones de Puestos de Trabajo de las Delegaciones y otros órganos de la Consejería dependerá de la Agencia X. Por tanto, se verá abocado a seguir en la plaza de laboral y el siguiente paso puede ser la calle, ya que dependerá de ese alcalde empleado de correos, que será su jefe y el convenio de la Agencia le permitirá largarlo a la calle cuando a él le dé la gana.

Aquí no existe exageración alguna. Es más, todo lo que aquí cuento puede ser superado por la realidad. Incluso ya hay gente que considera un gasto innecesario dar a sus hijos una formación honesta y cara. Bastaría con apuntarlo al PSOE -o a cualquier otro partido que tenga similares principios-.

Es esto lo que quiere hacer el PSOE de Zapatero, Chaves y Griñán.