En la Junta de Andalucía, seguimos con la lucha y la indignación va creciendo cada día en proporción a las nuevas noticias que nos están llegando acerca de los motivos que sospechamos esgrime el gobierno andaluz para blanquear esa administración pirata de 35.000 personas que ha ido construyendo día a día, en la sombra.La última noticia ha sido el abandono que han sufrido los empleados públicos por parte de los sindicatos más representativos a nivel estatal y andaluz: UGT y CC.OO.
Estos sindicatos, efectivamente, son los más representativos a nivel nacional y a nivel andaluz, de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, porque poseen más del 10%, del total de delegados de personal, de los miembros de los comité de empresa o de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas a nivel estatal y también porque poseen más del 15% de esa misma representación a nivel andaluz. Pero no lo son en el ámbito sectorial de la Junta de Andalucía, organismo en el que ocupan el cuarto y quinto lugar en cuanto a fidelidad de voto. Es decir, que la audiencia que la Ley Orgánica de Libertad Sindical le reconoce en la suma de todos los sectores, no la tienen en el sector de la Junta de Andalucía, que es en el que se va a producir -si los funcionarios con sus movilizaciones o el Tribunal Constitucional no lo remedian- la mayor sangría e injusticia en la historia de función pública, en la historia de nuestra democracia. Ni la derecha más rancia se atrevería a llevar a cabo una reforma así. Aunque yo particularmente dudo que no estemos ante la derecha más rancia expresada en la definición de "nuevos ricos" que se lanzan sin mesura ni control hacia todo lo que sea dinero público sin el más mínimo sentido de la ética ni de la razón.
Porque de lo que se trata con este Decreto-Ley no es otra cosa que estabilizar por la cara a miles de personas contratadas con total impunidad y sorteando todos los filtros legales de acceso a la función pública.
Para recordar datos, hay que decir que lo que pretende hacer la Junta de Andalucía es reordenar a su antojo el sector público por medio de Decreto-Ley, (una norma jurídica que aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y posteriormente convalida en el Parlamento ya que gozan de mayoría absoluta -el PP e IU votaron en contra-) que es un instrumento normativo pensado para abordar asuntos legales sobre aspectos que requieran extraordinaria y urgente necesidad. Y resulta que esa extraordinaria y urgente necesidad no se ha explicado ni motivado en absoluto, a no ser que sean otras que la de acelerar el proceso para dejar bien atado a todo su personal afín, ahora que se ve muy cercano el declive electoral, tal y como hoy me comentaba hoy un amigo que -atención- fue alcalde socialista en un pueblo.
Y lo más grave es que lo harán, usando sin mesura y control el dinero público y perjudicando de manera irreversible al empleado público profesional andaluz, al que le usurparán todo su futuro y carrera administrativa y usurpándole las posibilidades de entrar en la función pública a todo ciudadano que se lo merezca y demuestra mérito y capacidad.
La barrabasada es de proporciones tan gigantescas que es difícil añadirle un adjetivo clarificador de lo que está pasando.
Pero seguimos en la lucha y vamos a seguir así hasta que se sepa en todos los foros. De hecho, cada vez más medios -incluso nacionales- ya se están haciendo eco de esta cacicada.
El andaluz tiene que saber que están jugando con sus impuestos, con su derecho a unos servicios públicos. Tiene derecho a saber que en este cortijo sociata nada crece a no ser que se trate de algo en lo que ellos tengan intereses. Es el país de los chaves, las aidos, las pajines y toda una panda de personas que sin mérito alguno -tan sólo estar en política y medrar- están construyendo su futuro y destrozando el de los demás. Algo muy similar a una dictadura. Palabra.
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