Dicen muchos que contamos con un gobierno que gobierna de espaldas a todo un país. Es normal que lo afirmen los contrarios, pero son cada vez más las voces amigas que también lo dicen a los cuatro vientos. La política a fuerza estar poblada por individuos que pretenden resistir en el poder se ha convertido en algo de difícil clasificación hasta el punto de que no es fácil distinguir política de gobierno, suponiendo que no sean la misma cosa. Pero gobernar debe ser algo más que hacer política. Y ese es el problema.
Dirigir un país no es dirigir un partido porque un país es la suma de un proyecto inacabado de muchos lustros, y muchos de los mecanismos que componen cualquier país tienen vida propia. Por ejemplo, la función pública.
Sabemos que siempre ha sido olvidada por todos los gobiernos, si no discriminada, pero ese olvido no resiste el paso del tiempo como puede resistir un edificio que lleva erguido y sólido siglos. Y eso es así hasta el punto de que esa resistencia ya se ha agotado, precisamente, en este momento, en el que el gobierno es más débil y necesita más apoyos. No hay que descartar que sea por ese motivo, precisamente.
Y de todos los sectores de la función pública que ya han agotado su modelo y sus normas, además de su sistema retributivo, el judicial es el más permeable, tal vez, porque ha sido siempre el más olvidado o al que los políticos tienen más miedo, al margen de intentar su manipulación. Y, claro, de aquellos barros, estos lodos.
Comenzaron a protestar con huelga indefinida incluida los antiguos Secretarios de los juzgados, que ahora se denominan de una manera más refinada y elitista: Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Y como la mayoría de esas funciones (lo sé aunque no sea funcionario de ese sector) las llevan a cabo los tres cuerpos que están por debajo, es decir los Gestores Procesales y Administrativos, los Tramitadores Procesales y Administrativos y los Auxiliadores Judiciales (antes denominados Agentes Judiciales), era normal que estos colectivos explotaran porque ya llevaban años intentando contenerse. Y lo han hecho con fuerza, de menos a más. Comenzaron con paros parciales de tres horas en días alternos, continuaron con tres días a la semana de huelga general y partir del 22 de mayo, si el Ministerio de Justicia no mueve ficha, que no parece estar muy interesado en hacerlo, lo harán de manera indefinida. Yo creo que hacen lo correcto. De hecho, a lo que solicitan, que no es otra cosa que se les retribuya por sus verdaderas funciones, que menoscaba aún más una la próximamente en vigor Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, bautizada como LOEO, se les ha sumado el ímpetu que otorga el sentirse despreciados por la sencilla, pero incomprensible, razón de que los líderes de los juzgados unipersonales y colegiados, los jueces y magistrados, han anunciado huelga indefinida desde el 16 de mayo, pero esos sí han sido llamados por la Ministra de Justicia, que es magistrada de profesión, a los que ya ha puesto pasta sobre la mesa. A estos y a los fiscales, siempre tan unidos a quienes imparten justicia en nombre del Rey. O sea, ¡elitismo en pleno partido socialista! Eso ha indignado sobremanera al colectivo y lo veo lógico.
Para colmo los LAJ vuelven a atacar y dicen que quieren todo el dinero que le den a los jueces, que para eso son del mismo grupo, aunque olvidan que pertenecen a otro poder del estado y sus funciones son más livianas. E, incluso, los abogados del turno de oficio, que dicen cobrar poco y tarde. En fin, un gran galimatías que esconde una cosa clara: el anquilosamiento de la Justicia en España, que exige un pacto nacional, como lo pide la sanidad y la educación. Porque una cosa debe estar clara: sin dinero público los grandes pilares del Estado no pueden funcionar.
Pero ya sabemos que España es España y los políticos españoles son políticos españoles. Y eso, que parece y es una redundancia, lo explica todo.
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