Un poco cansado de escuchar memeces en tertulias y otros lugares nefandos acerca de la Función Pública, decidí escribir este artículo que hoy publica Ideal. Un artículo que sé que es largo -he superado en 80 palabras lo que nos indica Ideal-, pero que a nadie dejará indiferente. Como dice el título, se trata de Función Pública. Lo dejo a vuestra consideración.
HAY ALGO QUE NO ES COMO ME DICEN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
Horas antes –metafóricamente hablando- de que el Presidente del gobierno español anunciara, entre otras, el recorte del sueldo de los empleados públicos españoles, gran parte de la propaganda mediática afín y alguna no afín ya habían llevado a cabo su trabajo de desgaste con un notable alto de media y en algunos casos con sobresaliente.
Sin embargo, pocos o ninguno de éstos se refirieron a datos veraces ni se preocuparon de consultar los datos oficiales sobre este sector, que están a golpe de ratón de cualquier ordenador desvencijado con cutre conexión a Internet.
Todos o casi todos comenzaban sus arengas favorables a recortar y, en algunos casos, hasta lapidar a la función pública, confundiendo y tergiversando los conceptos. Hablaban o escribían de funcionarios públicos cuando lo correcto hubiera sido hablar o escribir de empleados públicos, porque se ha de saber que si bien todos los funcionarios públicos son empleados públicos, no todos los empleados públicos son funcionarios. Basta con consultar el artículo ocho del Estatuto Básico del Empleado Público para comprobarlo, pero ni en eso se molestaron.
Y, claro, con esa información distorsionada y con esas premisas la desinformación – en una sociedad ya de por sí desinformada – fue escandalosa, provocando que las hordas envidiosas de este país se lanzaran hacia un colectivo, que según el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas con datos de julio de 2009 y publicado en diciembre de ese mismo año, engloba a un total de 2.659.010 empleados públicos en el conjunto de las tres administraciones territoriales y las universidades públicas inscritos en el Registro Central de Personal, a los que habría que sumar algunos cientos de miles más no inscritos en este Registro Central, tales como funcionarios retribuidos por arancel, reservistas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas y algún que otro colectivo de importancia numérica menor.
Y resulta que la radiografía real de ese personal al servicio de las distintas Administraciones Públicas no es ni de lejos la demagógicamente planteada por toda esa propaganda, que los resumía básicamente en torno a la idea aproximada de que son funcionarios quienes no teniendo nada que hacer ni interés alguno se pasan parte de la mañana desayunando en el bar de la esquina sabedores de su empleo y sueldo fijo. Es decir, unos egocéntricos que observando cómo el país se va a pique siguen leyendo plácidamente la prensa deportiva.
Esa desinformación está haciendo mucho daño a este colectivo de casi tres millones de personas y por añadidura a los servicios públicos en general, esos que siguen funcionando cuando el político que los dirige ya dormita su jubilación en un consejo de administración de alguna multinacional o disfrutando de una pensión pública "chavesniana" o "solbesiana".
Pero siendo grave toda esa desinformación, mucho más lo es el eco que ha producido, de manera que es común toparse con debates de taberna y de mercado en el que las ciudadanas y ciudadanos creyendo ya conocerlo todo, porque han visto una tertulia o han leído un titular, se enfurecen porque esa panda da vagos y vagas cobran del Estado y están todo el día en la cafetería ("que lo que yo te diga, que lo han dicho en una tertulia"), sin reparar en que la gran mayoría de éstos parásitos (y parásitas) educan a sus hijos y cuidan por su salud, mientras que el resto cuidan a sus mayores, velan por su seguridad, aplican y gestionan justicia o se encargan de todo el papeleo que eso conlleva. Además, barren sus calles, agilizan pensiones y subvenciones, gestionan impuestos y encierran en la cárcel a pederastas y asesinos o procuran que el terrorismo internacional no aterrice en la puerta de su casa atajándolo en sus países de origen, allá por territorios ignotos y de sol rabioso.
E, incluso, probablemente no sepan que la gran mayoría de esos “golfos y golfas” se sacrificó en su día opositando, mientras que otros -o tal vez ellos mismos- especulaban en la economía sumergida o solicitaban subvenciones imposibles.
Probablemente tampoco se sepa que, como más arriba indicaba, existe un sector, los llamados empleados públicos eventuales, que engrosan esa nómina por el simple hecho de que algún cargo público les reclamó en algún momento basándose en una perentoria confianza o asesoramiento especial y que sin duda ha servido para –aunque no sólo para eso- darle una opción a compañeros del partido con poca fortuna laboral y, efectivamente, esos no han opositado jamás para ese puesto. Y que existe otro sector minoritario que sin afearle su legítimo mérito en el acceso al empleo público optaron desde el principio por estar cerca de aquel que paga y administra, porque paga bien y administra mal, al tiempo que de esa forma tan serpenteante evitan convertirse en mileuristas como lo son más del ochenta por ciento de sus colegas sufrientes, aunque eso sí, su alto precio les hace convertirse en títeres del poder.
De manera que cuando se emplea sin control el término funcionario público - hace tiempo ya convertido en peyorativo-, sin conocer o, lo que es más grave, ignorando estos supuestos, cuando tener un empleo fijo – que tampoco es el caso de todos los empleados públicos- se convierte en una herejía en este cainita país, ya se están dando las condiciones idóneas no sólo para un recorte salarial sino para una futura lapidación de lo único estable y sólido de este surrealista país, gobernado por un desnortado gobierno que estando obligado por sus socios europeos a eliminar la temporalidad en el mercado de trabajo intenta bombardear el sector público que debería de tener como señas de identidad una férrea estabilidad institucional ajena a cambios políticos y una mayor profesionalización del empleo público que a la larga redunda en un beneficio para todos (y para todas).
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