¿JUSTICIA FISCAL O ÁNIMO RECAUDADOR? (IDEAL, 15/11/2016)

¿JUSTICIA FISCAL O ÁNIMO RECAUDADOR?

Por José Antonio Flores Vera

Cuando el ciudadano común -acostumbrado a ser víctima de todo el poder junto o aislado- se indigna ante el desfalco que sufre su bolsillo, de manera casi invariable piensa en el poder económico y corporativo de los grandes bancos, los cuales cuentan con el privilegio de ser protegidos (rescatados) por el poder político, que más veces de las que debieran se dan la mano, si no es que no van de la mano casi siempre como inseparables compañeros de viaje.

            Sin embargo, ese ciudadano indignado casi nunca piensa en la amenaza para su bolsillo que suponen las Administraciones Públicas. Sí en los políticos de turno, que se supone son quienes las dirigen, pero casi nunca en esos grandes leviatanes de múltiples cabezas que son las Administraciones. Pero resulta que esos grandes monstruos también nos desfalcan cuando lo precisan, que es casi siempre. Lo hacen por las vías ya consolidadas y a fuerza de mucha y diversa propaganda institucional, casi siempre respetada solemnemente por la ciudadanía, que ve en el tributo una formula antigua, consolidada y justa. Eso es así en un plano teórico, además de avalado por los estudios más sesudos en derecho tributario, pero nadie debe dar por sentado que todo lo que jurídicamente es aprobado deba ser justo. Ni por asomo jurídico es siempre igual a justo. Los justo o injusto, quizá, pertenece más a la esfera del sentido común, mientras que lo jurídico o no es más propio de un artificio, un consenso político, no lo olvidemos.

            La teórica justicia fiscal, que busca o dice buscar no otra cosa que una redistribución de la riqueza, en más ocasiones de las debidas no es más que la improvisación de unos pocos, unas meras cuentas hechas con el único fin de atender los gastos de un estado, una autonomía o un ayuntamiento. Y si el gasto es desmesurado y pródigo, el tributo se elevará en la misma proporción. No espere el ciudadano que las más de las veces el tributo consista en una proporción justa que sirva para esa redistribución. Nada de eso. Y si a eso unimos la facilidad con la que se implanta, se recauda y se embarga (sin necesidad de intervención del Poder Judicial), tendremos las claves perfectas para preguntarnos si existe en realidad una verdadera justicia fiscal -y social en última instancia- o tan solo un ánimo recaudador.

            Podría considerarse que el ciudadano medio ve saciada su inquietante sospecha cuando verifica que la Administración en la que deposita su dinero por la vía impositiva, hace un verdadero esfuerzo para administrar esos fondos tributarios; cuando observa que existe un verdadero interés redistributivo, proponiéndose esa Administración como ejemplo de austeridad y gestión eficaz. Aunque también podrá suceder, al contrario: ese ciudadano podrá aumentar su inquietante sospecha cuando no ve otra cosa que despilfarro, deficiente gestión, parasitismo, ejércitos de asesores y políticos retribuidos por encima de su capacidad. Es entonces cuando comenzará a dejar de creer en la naturaleza jurídica del tributo, en el argumento de la redistribución y en todos esos tecnicismos que parecen hechos para ocultar la verdadera razón del tributo, que probablemente haya perdido ya a estas alturas su verdadero fin y no sea otra cosa que el instrumento depredador que utilizan las Administraciones para sostener ese gasto infinito, casi siempre absurdo y las más de las veces injusto. De hecho, es fácil constatar que una mayor carga fiscal casi nunca lleva aparejada una mejora de los servicios públicos, los cuales necesitan de otro tipo de financiación para que sigan funcionando, llámesele copago, multas, tributos parafiscales u otro tipo de ajustes, casi siempre a cargo del ciudadano que los demanda.