
RECURSOS PÚBLICOS
Acostumbrados como estamos a considerar que el dinero público es ilimitado no nos hemos detenido a pensar que todos los recursos económicos por su propia naturaleza siempre son limitados.
Hasta ahora conocíamos que una empresa cae en picado si los ingresos son menores que los gastos. Pero no habíamos reparado en que ese mismo mecanismo también rige en el sector público aunque el resultado final no sea la quiebra técnica porque se supone que prima el interés general y porque es fundamental mantener la mayoría de los servicios públicos aunque sean deficitarios, pero esa acción cada vez será más insostenible si no se cambian algunas cosas.
No hay costumbre de cerrar estados, comunidades o ayuntamientos, pero en los últimos años hemos asistido a la quiebra económica de algunos de los primeros, como han sido los casos de Argentina e Islandia y últimamente asistimos a la de Grecia, país miembro de la Unión Europea y de la zona Euro, que en una economía tan globalizada afecta a todos sus socios monetarios y preocupa a los que no lo son. Es una especie de efecto mariposa económico. En esa lista negra, en una deshonrosa cuarta posición –tras Portugal e Irlanda-, al parecer, se encuentra España, que además es el país de la Unión Europea que destruye más empleo. Se trata de estados que, sencillamente, gastan más que ingresan y necesitan emitir cada vez más deuda o devolverla con más interés porcentual. Son las tiranías del mercado.
Sin salir de nuestro entorno estatal, hemos conocido en los últimos meses la inviabilidad económica de pequeños y grandes ayuntamientos. De hecho uno de ellos, el de Jerez de la Frontera, intentó montar un expediente de regulación de empleo, mecanismo legal tan sólo previsto para el sector privado, y hace unos días el Ayuntamiento de Granada ha planteado a la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura la reducción de doscientos puestos de trabajo para que pueda seguir siendo viable dicho contrato, e incluso se plantea la privatización total de algunas líneas de autobús urbano. Pero mucho más preocupante es la reestructuración que quiere llevar a cabo la Junta de Andalucía, aunque a ésta habrá que dedicarle un espacio propio. Por tanto, no ha de resultar extraño que cada vez sea más frecuente asistir a clausuras de servicios públicos supuestamente deficitarios, conllevando esta acción una marcada matización del estado de bienestar previsto en la Constitución de 1978 y de camino un intenso debate.
El mayor déficit en las cuentas públicas ha coincidido con la menor recaudación impositiva derivada de la crisis. De todos es conocido que en época del ladrillo todas las Administraciones Públicas han obtenido beneficios económicos importantes derivados de los jugosos impuestos aplicados y que ante tan apetitosos recursos económicos no debe de extrañar que no haya existido el suficiente celo institucional para asumir el control sobre determinadas construcciones, sin que sean necesarias matizar las consecuencias que todo esto ha tenido sobre la corrupción, porque sobre ese asunto ya podrá imaginar el hipotético lector todo lo imaginable y hasta lo inimaginable.
Ante el panorama que se presenta, en mi desautorizada opinión, la solución que barajan los estados, las autonomías y los ayuntamientos no debe ser la despiadada subida de impuestos que casi roce con la confiscación, sino la mejor racionalización del gasto público como haría cualquier modesto hogar solvente y honrado y un control judicial severo de prebendas y privilegios ya que ese control no se puede confiar a quien los disfruta.