
El Partido Comunista de España -que por cierto, existe porque late dentro de la organización de Izquierda Unida-, ha iniciado una campaña en la que solicitan firmas para que se den a conocer las cuentas del Rey. Es decir, buscan que se conozca públicamente a qué dedica la Casa Real los nueve millones de euros que reciben anualmente de las arcas públicas. Asimismo, también pretenden que se conozcan públicamente las donaciones que recibe el monarca.
Además, es preciso conocer -y no sé si la campaña llega hasta ahí- el dinero que se dedica para viajes, personal a su servicio, residencia en Estados Unidos -como es el caso de la familia de la infanta Cristina- y todo lo que no sepamos (de hecho, no ha trascendido, pero los Príncipes ahora se encuentran de ¡viaje oficial! en un emirato árabe y no se sabe el motivo ni el por qué).
Y yo creo que los comunistas llevan razón en su iniciativa. Porque es necesario que en una democracia se conozca hasta el último céntimo de dinero público que se gasta y que emana de los impuestos que pagan religiosamente todos los ciudadanos.
Pero yo iría, incluso, más allá. Sería necesario conocer con detalle todos los emolumentos (no sólo las retribuciones) que cobran todos los cargos públicos españoles, comenzando por los de más fuste y responsabilidad, porque una democracia estará coja sino existe total transparencia en los asuntos públicos.
A raíz de este tema, acaba de aparecer un libro titulado "La casta", bajo el subtitulo de "El increíble chollo de ser político en España", escrito por un joven periodista llamado Daniel Montero.
No he leído este libro, pero existen sobre él bastantes noticias en la red y ya va por su tercera edición. Al parecer, son muchos los casos que se citan, pero llama la atención el de Rodrigo Rato, Leire Pajín, José Bono y Manuel Chaves, entre otros. En cuanto a este último, parece ser que este prohombre nuestro, además de cobrar los ochenta y pico mil euros de Ministro y Vicepresidente Tercero del gobierno de la nación, cobra ya su retribución de por vida que él se aprobó por haber sido Presidente de la Junta de Andalucía, resultando que esa práctica es ilegal para el resto de las personas que reciban una paga de jubilación como consecuencia de su servicio como empleados públicos. Algo similar ocurre con Rodrigo Rato, a cuyos sabrosos emolumentos en Caja Madrid se le suma una pensión vitalicia por haber presidido el Fondo Monetario Internacional. Y, según cuenta el libro, la muy elocuente Leire Pajín cobra una cantidad fija por haber sido Secretaria de Estado de comercio exterior o algo así, otra como senadora y otra como inepta portavoz del PSOE. En total, la chica sale por unos 122.000 brutos anuales. Y todo, sin haber opositado a nada de la cosa pública. Desde luego, desde esa solvencia económica se pueden defender causas nobles y progresistas.
Datos que indignan a un país en el que un gran número de ciudadanos se las tiene que ingeniar para llegar a final de mes, si es que llegan, por no hablar de la negación de créditos hipotecarios, despidos injustificados e imposibilidad de encontrar trabajo.
No sé a vosotros-as, pero a mi toda esta separación entre el pueblo y su casta dirigente me parece muy preocupante. Inicialmente, a todos nos inunda la indignación, pero progresivamente esta indignación deriva en una negación a votar, en una abstención en masa -que ya está ocurriendo en otros países-, en un pasotismo general y, finalmente, en un fuerte deterioro de la democracia.
Supongo que las personas que ocupan estos cargos no serán los más interesados en revertir estas normas, porque, al contrario, son ellas mismas las que las aprueban, por lo que sería necesario no sólo una mayor transparencia de las cuentas públicas sino un total conocimiento de estos datos por parte del pueblo que, en definitiva, es el que tiene en sus manos la herramienta definitiva para eliminar estas prácticas: el voto.
Pero ese voto por muy castigador que sea, siempre acabará refrendando una opción política que beneficiará o fomentará, igualmente, estas prácticas. Por lo que me temo, que no hay salida.
No obstante, hay que buscar esa salida y buscar cómo se actúa en otros países, que probablemente no sean ejemplo en otras cuestiones, pero que sí podrían serlo en cuanto al esmero y respeto por lo público. En ese sentido, Reino Unido siempre ha sido un ejemplo a seguir.
En visita a la cámara de los lores y comunes en Londres me contaron cómo los representantes del pueblo devolvían cantidades cobradas, no ilegalmente, ya que la norma permitía cobrarlas, sino inmoralmente, cuando trascendió que esas cantidades habían sido empleadas legal, pero inadecuadamente, según denunciaron los medios de comunicación. Podría ser un buen ejemplo para nuestro país.
¿Qué pensáis de todo esto?