LA FORMA POLÍTICA DEL ESTADO (IDEAL, 21/6/2014)

 Muy interesante hubiera sido para la madurez política del país y para más salud de la democracia que antes de una nueva coronación borbónica, se cumpliera lo que aún está pendiente: la forma política del Estado. Eso sería así si España y sus políticos fueran serios, pero no es así, por desgracia. Reflexiones que introduzco en un artículo que me publica el diario IDEAL a los pocos días de la coronación, pero que aún así, bienvenidas sean, aunque por lo pronto haya que esperar varios decenios más para que se cumpla lo que aún está pendiente de preguntar al pueblo: monarquía o república. Por si no pudisteis leer en papel reproduzco el artículo completo: 

LA FORMA POLÍTICA DEL ESTADO       

          Asistimos en estos días en nuestro país a un debate político de importante trascendencia. Ya no se recuerda desde cuando no se había abordado algo tan vital en materia política en este país y lejos de enfatizar ese aspecto, lamentablemente, hay demasiados actores interesados en que el debate se agote y trivialice.

            Acostumbramos como estamos a tanta bazofia política, esa que básicamente consiste en lanzar la pelota de la responsabilidad de un tejado de un partido a otro sin que se aborden con seriedad los asuntos que afectan al país y a los ciudadanos, se está perdiendo la oportunidad de debatir con calma y seriedad sobre el futuro de España para las próximas décadas.

            Cuando hablamos de debate político para nada se debería de entender como tal el que ha habido en los últimos treinta y cinco años, periodo de vital importancia para la democracia pero que parece haberse desaprovechado de forma tan pródiga como incomprensible. Años que deberían de haber servido para poner las bases de la democracia, lo han sido para fomentar una sistema político harto tramposo y rastrero, en el que parece haber importando tan sólo el poder, el dinero y la carrera política como prolongación de egos enfermizos.

            Y ahora que se presenta la oportunidad de debatir en serio, acostumbrados como estamos a que todo se trivialice y se forman múltiples facciones de sospechosas alianzas, con toda seguridad, se volverá a desaprovechar la oportunidad histórica que se presenta de debatir sobre qué forma política de Estado queremos o nos interesa a los españoles.

            La trivialización, como no podía ser de otra forma, vuelve a estar encabezada y protagonizada por los sempiternos partidos que llevan alternándose en el poder desde las primeras elecciones generales tras la promulgación de la Constitución de 1978. Intentan de nuevo, de espaldas a la ciudadanía y los partidos minoritarios de una sociedad cambiante, monopolizar el debate, aferrándose a la herramienta constitucional como una norma inmutable e intocable. Ignoran -o no ignoran- que la Constitución española, como cualquier norma jurídica, con mayor o menor dificultad o consenso, es mutable, tanto o más como lo es la sociedad que pretende organizar. Una Constitución, además, que está construida en base a las pautas de las constituciones modernas occidentales de nuestro entorno, ya sean monarquías o repúblicas parlamentarias.    

            Ahora de lo que se trata es de poder aprovechar la oportunidad histórica que se brinda con la abdicación y reformular qué tipo de Estado y qué tipo de Constitución queremos los españoles, muchos de los cuales aún no habían votado o nacido cuando ésta fue promulgada. Al mismo tiempo, es vacuo el debate que intenta demonizar la forma política de Estado basado en la república parlamentaria, principalmente, porque se está eliminando -en mi opinión de forma interesada- la esencia de esta forma política de Estado y que es compartida por la mayoría de los países democráticos no sólo de Europa sino de todo el planeta. Que la forma política de Estado basada en la monarquía parlamentaria esté presente aún en varios países de nuestro entorno occidental no significa que no deba ser revisada si lo que se pretende es construir sociedades políticas democráticas en las que impere tan sólo el Estado de Derecho, la transparencia y la legitimidad de las urnas y que estos aspectos abarquen a todas las instituciones sin excepción alguna.