martes, 6 de marzo de 2012

RAZÓN DE ESTADO

Mucho me temo que en el caso Urdangarin esté instalándose la "razón de Estado" para dejarlo estar, que es una de esas cosas retrógradas y decimonónicas que en los estados poco transparentes se decía para intentar argumentar que es preferible asumir el ilícito que desmontar estructuras e instituciones consolidadas. 
Pero esa razón de Estado hoy no es sostenible. O, al menos, no lo puede ser en una democracia, por muy imperfecta que esta sea. 
La consagración de un Estado de Derecho se entiende superada cuando cualquier persona es igual ante la ley y para ello el propio sistema jurídico cuenta con instituciones jurídicas pensadas para la protección de personas elegidas en las urnas, que es lo conocido como aforamiento. Pero éste no puede ser aplicado, por ejemplo, a la Casa Real tal y como pretende el Partido Popular, actualmente en el Gobierno. Sencillamente, porque no se trata de personas elegidas por el pueblo y no pueden estar aforadas. 
Más allá de ese aforamiento, aún existe la institución de la irresponsabilidad personal del Jefe del Estado, que no puede ser otra cosa que una tara de la democracia que debería de tener sus días contados. Todo lo demás sobra.
Y como el caso Urdangarín afecta a un individuo que ni está aforado ni es irresponsable, se podría esgrimir la razón de Estado que es la manera más sucia de defender lo indefendible. 
Pero ocurre que estamos en la época de las redes sociales y las demás herramientas que ofrece Internet; y estamos también en una etapa en la que algunos medios de comunicación -pocos aún, y la mayoría de ellos digitales- aún no se han sacudido el velo de silencio a la Casa Real y con todos esos elementos en marcha amordazar la opinión del pueblo es difícil, por no decir imposible.
En época de vacas gordas, que es lo vivido en España hace pocos años, todos los desvaríos, corruptelas, chorizadas y demás tropelías eran miradas de otra manera. La gente, por lo general, tenía para vivir dignamente y no entraba en otras monsergas, pero está claro que de aquellos barros vienen estos lodos y el ciudadano arruinado y hastiado ya mira con lupa cualquier atisbo de corrupción pasada o presente; muy tarde por cierto. Y con esas premisas irse de rositas una vez cometido el presunto delito es harto difícil. Sin duda, estamos a punto de que se produzca una seria fractura entre la población civil y el poder organizado y todo eso traerá sus secuelas antes o después. Se quebrantará la democracia.
Para el bien de este país, de sus ciudadanos, de sus instituciones y de sus representantes más vale que en el caso Noós, Urdangarín y la Infanta si fuera necesario pagaran por sus presuntos delitos y que se refuerce la imagen del Poder Judicial, hoy día, por los suelos. No creo que el pueblo entienda otra solución que no sea ésta.   

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